El pasado mes de marzo, EL PAÍS denunció la violación de la seguridad de la base de datos del sistema Tariquia de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) por estudiantes de diferentes carreras, con la finalidad de modificar sus calificaciones, hecho que fue denunciado en primera instancia por la Dirección de Informática y Tecnología.
Luego de la realización de un Consejo Universitario se conformaron dos comisiones encargadas de investigar este caso e individualizarlo, siendo 53 estudiantes los involucrados en este fraude en las calificaciones, para que se evalúe cuál será la sanción que será aplicada a los universitarios, siendo que esta podría ser de tipo administrativo, económico e incluso penal.
En este sentido, el presidente de la primera comisión investigadora, Jorge Lema Morales, informó anoche que ya se presentó el informe preliminar sobre este caso, realizando las investigaciones y toma de declaraciones informativas a los implicados, además que se contó con el respaldo de técnicos especializados en el área, como también la ampliación de las declaraciones de la directora de la DTIC, Raquel Jalil.
“Se llegó a la conclusión, por las declaraciones de los estudiantes, que realmente habrían pagado por la alteración de sus notas y que habría sido un experto en manejo de sistemas de computación el que vulneró el sistema Tariquia que utiliza la Universidad como el sistema Coimata hace un par de años atrás”, explicó Lema Morales.
Aclaró también que la comisión que estaba a su cargo lo único que realizó en primera instancia fue recopilar las evidencias, tomar declaraciones, acumular la documentación suficiente para lograr pruebas para luego remitir el informe sobre estas actuaciones a la comisión correspondiente que será la encargada de iniciar el proceso, propiamente dicho, y que determinará la existencia de responsabilidades administrativas, netamente académicas, o penales, en este punto serían remitidas al Ministerio Público.
Consultado sobre cuál sería el monto que los universitarios habrían cancelado al supuesto “hacker” (en realidad debería llamárselo “cracker”. N. de R.) informático argentino, Jorge Lema señaló que serían sumas diversas que oscilan entre los 100, 200 o más dólares americanos, como también “fueron diversos los que se beneficiaron de las alteraciones de las calificaciones”.
Por otra parte, el responsable de la comisión investigadora preliminar señaló que muchos de los estudiantes involucrados en el caso fueron declarados en rebeldía porque no se presentaron a declarar, incluso indicó que algunos ya no estarían en Tarija, sino en otros distritos, lo que hace presumir un grado de culpabilidad.
Para finalizar, Lema Morales señaló que una vez concluida su labor, lo que resta esperar es conocer cuándo se reunirá la siguiente comisión que determinará qué actuaciones más se deben seguir en este proceso y contra los presuntos responsables, afirmando que su labor ya fu culminada dentro de los plazos ofrecidos al rector de la UAJMS; Carlos Cabrera Iñiguez.
Cronología de un fraude
Marzo 9: EL PAÍS pública la denuncia que da cuenta que unos 120 estudiantes fraguaron sus notas, el rector negaba esta posibilidad y la FUL la afirmaba.
Marzo 10: Convocan a Consejo Universitario, tema principal a tocar la adulteración de las notas, re-conforman dos comisiones para investigar estos casos y sancionar a los responsables. El número se reduce a 53 estudiantes que modificaron sus calificaciones.
Marzo 11: La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la UAJMS se compromete a realizar un seguimiento al caso para verificar que las sanciones sean justas.
Marzo 12: El rector de la Universidad, Carlos Cabrera Iñiguez, no descarta la expulsión de los 53 estudiantes, similar criterio tuvo el dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Miguel Gonzáles.
Marzo 16: Cabrera considera que durante esa semana se podría contar con un primer informe sobre el fraude y la vulneración de las calificaciones.
Marzo 17-18: EL PAÍS intentó en repetidas ocasiones conseguir una explicación técnica sobre la denuncia presentada por la DTIC, su responsable, Raquel Jalil, se ausentó a las provincias, sin embargo existía el compromiso verbal para dar una explicación al respecto.
Marzo 19: La DTIC recibe de manos del Rector un importante equipamiento con el objetivo de reforzar el sistema de seguridad informático.
Marzo 19: Jalil informa que el proceso informático fue realizado por entendidos en esta área, sin embargo prefiere no explicar de forma detallada el hecho “porque no quiero dar ideas”, afirmó en ese entonces.
Marzo 27: El rector de la Universidad señala que es necesario contar con todo el informe para determinar si los responsables del fraude son o no remitidos al Ministerio Público. La comisión investigadora solicitó una ampliación al plazo para presentar el informe preliminar.
Abril 15: La directora de la Unidad de Transparencia, Miriam Torrico, considera que el informe sobre las notas podría tardar un poco más.
Abril 19: El responsable de una de las comisiones, Jorge Lema Morales, anuncia que el miércoles 22 de abril el informe preliminar estaría listo.
Abril 22: El informe sobre las calificaciones no es presentado, el suspenso se acrecienta.
Abril 25: Jorge Lema Morales informa que se presentó la evaluación preliminar y es remitido a la siguiente instancia para determinar qué medidas se tomarán contra los estudiantes implicados en el hecho y qué sanciones serán aplicadas.
Luego de la realización de un Consejo Universitario se conformaron dos comisiones encargadas de investigar este caso e individualizarlo, siendo 53 estudiantes los involucrados en este fraude en las calificaciones, para que se evalúe cuál será la sanción que será aplicada a los universitarios, siendo que esta podría ser de tipo administrativo, económico e incluso penal.
En este sentido, el presidente de la primera comisión investigadora, Jorge Lema Morales, informó anoche que ya se presentó el informe preliminar sobre este caso, realizando las investigaciones y toma de declaraciones informativas a los implicados, además que se contó con el respaldo de técnicos especializados en el área, como también la ampliación de las declaraciones de la directora de la DTIC, Raquel Jalil.
“Se llegó a la conclusión, por las declaraciones de los estudiantes, que realmente habrían pagado por la alteración de sus notas y que habría sido un experto en manejo de sistemas de computación el que vulneró el sistema Tariquia que utiliza la Universidad como el sistema Coimata hace un par de años atrás”, explicó Lema Morales.
Aclaró también que la comisión que estaba a su cargo lo único que realizó en primera instancia fue recopilar las evidencias, tomar declaraciones, acumular la documentación suficiente para lograr pruebas para luego remitir el informe sobre estas actuaciones a la comisión correspondiente que será la encargada de iniciar el proceso, propiamente dicho, y que determinará la existencia de responsabilidades administrativas, netamente académicas, o penales, en este punto serían remitidas al Ministerio Público.
Consultado sobre cuál sería el monto que los universitarios habrían cancelado al supuesto “hacker” (en realidad debería llamárselo “cracker”. N. de R.) informático argentino, Jorge Lema señaló que serían sumas diversas que oscilan entre los 100, 200 o más dólares americanos, como también “fueron diversos los que se beneficiaron de las alteraciones de las calificaciones”.
Por otra parte, el responsable de la comisión investigadora preliminar señaló que muchos de los estudiantes involucrados en el caso fueron declarados en rebeldía porque no se presentaron a declarar, incluso indicó que algunos ya no estarían en Tarija, sino en otros distritos, lo que hace presumir un grado de culpabilidad.
Para finalizar, Lema Morales señaló que una vez concluida su labor, lo que resta esperar es conocer cuándo se reunirá la siguiente comisión que determinará qué actuaciones más se deben seguir en este proceso y contra los presuntos responsables, afirmando que su labor ya fu culminada dentro de los plazos ofrecidos al rector de la UAJMS; Carlos Cabrera Iñiguez.
Cronología de un fraude
Marzo 9: EL PAÍS pública la denuncia que da cuenta que unos 120 estudiantes fraguaron sus notas, el rector negaba esta posibilidad y la FUL la afirmaba.
Marzo 10: Convocan a Consejo Universitario, tema principal a tocar la adulteración de las notas, re-conforman dos comisiones para investigar estos casos y sancionar a los responsables. El número se reduce a 53 estudiantes que modificaron sus calificaciones.
Marzo 11: La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la UAJMS se compromete a realizar un seguimiento al caso para verificar que las sanciones sean justas.
Marzo 12: El rector de la Universidad, Carlos Cabrera Iñiguez, no descarta la expulsión de los 53 estudiantes, similar criterio tuvo el dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Miguel Gonzáles.
Marzo 16: Cabrera considera que durante esa semana se podría contar con un primer informe sobre el fraude y la vulneración de las calificaciones.
Marzo 17-18: EL PAÍS intentó en repetidas ocasiones conseguir una explicación técnica sobre la denuncia presentada por la DTIC, su responsable, Raquel Jalil, se ausentó a las provincias, sin embargo existía el compromiso verbal para dar una explicación al respecto.
Marzo 19: La DTIC recibe de manos del Rector un importante equipamiento con el objetivo de reforzar el sistema de seguridad informático.
Marzo 19: Jalil informa que el proceso informático fue realizado por entendidos en esta área, sin embargo prefiere no explicar de forma detallada el hecho “porque no quiero dar ideas”, afirmó en ese entonces.
Marzo 27: El rector de la Universidad señala que es necesario contar con todo el informe para determinar si los responsables del fraude son o no remitidos al Ministerio Público. La comisión investigadora solicitó una ampliación al plazo para presentar el informe preliminar.
Abril 15: La directora de la Unidad de Transparencia, Miriam Torrico, considera que el informe sobre las notas podría tardar un poco más.
Abril 19: El responsable de una de las comisiones, Jorge Lema Morales, anuncia que el miércoles 22 de abril el informe preliminar estaría listo.
Abril 22: El informe sobre las calificaciones no es presentado, el suspenso se acrecienta.
Abril 25: Jorge Lema Morales informa que se presentó la evaluación preliminar y es remitido a la siguiente instancia para determinar qué medidas se tomarán contra los estudiantes implicados en el hecho y qué sanciones serán aplicadas.
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