Las autoridades de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) presentaron la denuncia formal por el caso de la adulteración de calificaciones, de parte de un número aún indeterminado de estudiantes de diferentes carreras de esta universidad, ante el Ministerio Público, sin embargo se conoció que solamente se presentó la querella contra siete posibles implicados en el caso.
De acuerdo a la denuncia presentada por el departamento jurídico de la UAJMS, a nombre del rector Carlos Cabrera Iñiguez, fue presentada contra varias personas implicadas por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, es decir existe un concurso de delitos.
“Se tiene que en virtud a una denuncia recibida por Carlos Cabrera Iñiguez, de fecha 20 de enero del 2009, presentada por la directora del Departamento de Tecnología, Información y Comunicación (DTIC), Raquel Jalil, se dio a conocer al vicerrector, Marcelo Hoyos, que entre el 23 de diciembre del 2008 y el 9 de diciembre del 2009 accedieron sin autorización al sistema de información académica ‘Tariquia’ con la finalidad de realizar modificaciones a los registros de notas, libretas, programación y logos de calificaciones…”, esta es parte de la denuncia presentada por el departamento jurídico de la Universidad.
Asimismo la misma da cuenta que una vez que se conoció el hecho se remitió el informe a la Unidad de Transparencia de la Universidad para su análisis y se emita el correspondiente informe que fue elevado a conocimiento del denunciante, en este caso el rector de Juan Misael Saracho, quien instruyó que el caso sea puesto a consideración del Consejo Universitario, en el que se determinó que una Comisión Jurídica proceda al inicio de las diligencias preliminares para que una vez concluidas se remita un informe al respecto.
En este informe, indica la denuncia, se estableció serios indicios de culpabilidad contra varios estudiantes universitarios, habiéndose determinado remitir antecedentes ante el Tribunal Facultativo correspondiente, en este caso el que se encuentra a la cabeza del decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Wilfredo Benítez, que deberá analizar el procesamiento o no de los estudiantes inscritos en la presente gestión, y en el caso de los involucrados que no son miembros de la comunidad universitaria y aquellos que no están inscritos este año el correspondiente procesamiento dentro del Ministerio Público.
“Es así que en virtud a los antecedentes descritos y contando con la información de la DTIC, en relación a los involucrado en el caso de alteración del sistema información académica ‘Tariquia’ que no están inscritos en la presente gestión se ha realizado la denuncia formal contra seis de ellos y un séptimo al que se lo ha sindicado como el autor material (el llamado hacker informático)”.
En este sentido, la fiscal de materia, Rosa Vargas, sobre este caso, ella indicó que si bien se tipificaron los delitos en los artículos 363 bis y 366,3 de delitos informáticos, consideró que es facultad del Ministerio Público, en primera instancia además de los delitos penales denunciados, también se deberían abrir investigaciones por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, además del delito de alteraciones que son propios de delitos de esta característica.
“También es necesario hacer resaltar que si bien la denuncia está dirigida contra determinados estudiantes, será el fiscal asignado a la causa, quien durante el curso de las investigaciones, y en caso de que se encuentren elementos que se vean convenientes, podría ampliar esta denuncia de oficio contra otros estudiantes así no hayan sido expresamente sus nombres contendidos en la presente denuncia, porque se tratan de delitos de orden público en los que la Fiscalía tiene la obligación de denunciar”, explicó Vargas.
Para finalizar, explicó que esta denuncia, como corresponde, fue recibida en la Plataforma del Ministerio Público, para que luego del correspondiente sorteo será derivado a la división especiales que será la encargada de revisar este caso, y también señaló que será el fiscal asignado al caso el que determinará cuáles podrían ser las penas que se soliciten ante el juez que lleve la causa.
Por otra parte, EL PAÍS intentó comunicarse con el rector de la UAJMS, Carlos Cabrera Iñiguez, para conocer el por qué se presentó una querella solamente contra 7 personas y no contra más, siendo que las autoridades universitarias confirmaron que son 55 estudiantes los involucrados dentro de este caso, y éste señaló que debe ser el área jurídica quien deberá responder esta pregunta.
Hace 4 meses, exactamente el pasado 9 de marzo, en una publicación EL PAÍS denunció públicamente que varios estudiantes habían violentado la seguridad de la base de datos de la Universidad para modificar sus calificaciones, desde esta fecha es que se viene haciendo un seguimiento a este caso para determinar el por qué de estas fallas y cuáles serían las sanciones a los responsables, toda vez que se trata de delitos de orden público.
De acuerdo a la denuncia presentada por el departamento jurídico de la UAJMS, a nombre del rector Carlos Cabrera Iñiguez, fue presentada contra varias personas implicadas por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, es decir existe un concurso de delitos.
“Se tiene que en virtud a una denuncia recibida por Carlos Cabrera Iñiguez, de fecha 20 de enero del 2009, presentada por la directora del Departamento de Tecnología, Información y Comunicación (DTIC), Raquel Jalil, se dio a conocer al vicerrector, Marcelo Hoyos, que entre el 23 de diciembre del 2008 y el 9 de diciembre del 2009 accedieron sin autorización al sistema de información académica ‘Tariquia’ con la finalidad de realizar modificaciones a los registros de notas, libretas, programación y logos de calificaciones…”, esta es parte de la denuncia presentada por el departamento jurídico de la Universidad.
Asimismo la misma da cuenta que una vez que se conoció el hecho se remitió el informe a la Unidad de Transparencia de la Universidad para su análisis y se emita el correspondiente informe que fue elevado a conocimiento del denunciante, en este caso el rector de Juan Misael Saracho, quien instruyó que el caso sea puesto a consideración del Consejo Universitario, en el que se determinó que una Comisión Jurídica proceda al inicio de las diligencias preliminares para que una vez concluidas se remita un informe al respecto.
En este informe, indica la denuncia, se estableció serios indicios de culpabilidad contra varios estudiantes universitarios, habiéndose determinado remitir antecedentes ante el Tribunal Facultativo correspondiente, en este caso el que se encuentra a la cabeza del decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Wilfredo Benítez, que deberá analizar el procesamiento o no de los estudiantes inscritos en la presente gestión, y en el caso de los involucrados que no son miembros de la comunidad universitaria y aquellos que no están inscritos este año el correspondiente procesamiento dentro del Ministerio Público.
“Es así que en virtud a los antecedentes descritos y contando con la información de la DTIC, en relación a los involucrado en el caso de alteración del sistema información académica ‘Tariquia’ que no están inscritos en la presente gestión se ha realizado la denuncia formal contra seis de ellos y un séptimo al que se lo ha sindicado como el autor material (el llamado hacker informático)”.
En este sentido, la fiscal de materia, Rosa Vargas, sobre este caso, ella indicó que si bien se tipificaron los delitos en los artículos 363 bis y 366,3 de delitos informáticos, consideró que es facultad del Ministerio Público, en primera instancia además de los delitos penales denunciados, también se deberían abrir investigaciones por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, además del delito de alteraciones que son propios de delitos de esta característica.
“También es necesario hacer resaltar que si bien la denuncia está dirigida contra determinados estudiantes, será el fiscal asignado a la causa, quien durante el curso de las investigaciones, y en caso de que se encuentren elementos que se vean convenientes, podría ampliar esta denuncia de oficio contra otros estudiantes así no hayan sido expresamente sus nombres contendidos en la presente denuncia, porque se tratan de delitos de orden público en los que la Fiscalía tiene la obligación de denunciar”, explicó Vargas.
Para finalizar, explicó que esta denuncia, como corresponde, fue recibida en la Plataforma del Ministerio Público, para que luego del correspondiente sorteo será derivado a la división especiales que será la encargada de revisar este caso, y también señaló que será el fiscal asignado al caso el que determinará cuáles podrían ser las penas que se soliciten ante el juez que lleve la causa.
Por otra parte, EL PAÍS intentó comunicarse con el rector de la UAJMS, Carlos Cabrera Iñiguez, para conocer el por qué se presentó una querella solamente contra 7 personas y no contra más, siendo que las autoridades universitarias confirmaron que son 55 estudiantes los involucrados dentro de este caso, y éste señaló que debe ser el área jurídica quien deberá responder esta pregunta.
Hace 4 meses, exactamente el pasado 9 de marzo, en una publicación EL PAÍS denunció públicamente que varios estudiantes habían violentado la seguridad de la base de datos de la Universidad para modificar sus calificaciones, desde esta fecha es que se viene haciendo un seguimiento a este caso para determinar el por qué de estas fallas y cuáles serían las sanciones a los responsables, toda vez que se trata de delitos de orden público.
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