Es una de las observaciones que hace el informe CGD-GD-L/004/2009 de la Contraloría General del Estado (CGE), respecto de la designación de tres de los 12 catedráticos contratados por la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) durante las gestiones 2002-2003 y sobre los cuales pesaba la denuncia de que habían sido incorporados en contra de las normas.
Ese informe, terminado en junio de este año, ratificó las sospechas. La conclusión general del informe señala: “La UMSA efectuó el proceso de reclutamiento, selección y admisión de docentes, en el periodo 2002 y 2003, vulnerando la normatividad vigente en la entidad, que regula el proceso de contratación de sus diferentes etapas, cuya inobservancia está sancionada con la nulidad del mismo”.
Los docentes involucrados son Gonzalo Leonardini, Óscar Vargas, Juan Carlos Ramírez, Sandro Velarde, Freddy Condo, Hugo Vega Plaza, Rocío Clavijo, Carlos Camacho, Álex Urquidi, Irina Quiroga, Eduardo Paz Rada e Iván Zabaleta.
La Contraloría halló irregularidades desde la aprobación de la convocatoria, para esos exámenes de competencia de la gestión 2002 y 2003, hasta los resultados de las comisiones.
En la convocatoria hubo “incumplimiento de disposiciones normativas en la aprobación de la convocatoria externa a concurso de méritos y examen de competencia”. También advierte de la “inexistencia de registros de recepción de postulaciones en decanatura de la Facultad de Sociales”.
El estudio del Contralor halló “evaluación de méritos sin definición de un sistema o tabla de ponderación aprobada”.
En el acápite de resultados de las comisiones, el informe advierte “emisión de resoluciones de Consejo de Carrera de designación de docentes en forma previa a la prueba de conocimientos”.
En este punto, el documento de la Contraloría señala que tres catedráticos tenían una resolución de contratación del 17 de febrero de 2002, pero dieron examen de competencia para esos puestos el 20 de febrero.
La directora de Comunicación, Gabriela Sotomayor, dijo que esas irregularidades generaron un perjuicio económico, ya que los docentes percibieron sueldo sin trabajar. Su cálculo asciende a 800.000 bolivianos.
Para Sotomayor, la Contraloría “es una institución imparcial, no relacionada a la Universidad, con una conclusión objetiva”.
Álex Urquidi, uno de los 12 catedráticos descalificó la auditoría: “En ninguna parte del documento dice de modo taxativo que las contrataciones sean anuladas. Además, la Contraloría no tiene potestad de anular un proceso de la Universidad”. Y a renglón seguido justificó a sus colegas involucrados: “Los postulantes no somos responsables de las falencias que haya tenido el personal de la carrera en el procedimiento”.
Las irregularidades
Entre 2002 y 2003, Comunicación contaba sólo con directores interinos, quienes contrataron a los profesores en cuestión, pese a que no tenían la potestad de hacerlo, según Sotomayor, justamente porque eran provisionales.
Además, sigue la Directora, esos interinos llegaron al cargo violando la normativa, que indica que los docentes más antiguos son quienes deben ocupar el puesto, pero éstos fueron nombrados en Consejo de Carrera.
La contratación de los 12 docentes observados se realizó entre octubre de 2002 y marzo de 2003, periodo en el cual fueron directores interinos Iván Miranda, Magaly Camacho y Carlos Aguilar.
El informe también observa la participación del tribunal estudiantil, pues halló que no participaron los mejores alumnos de las materias de examen, sino otros. “Han fungido estudiantes que no eran del último curso ni eran los mejores. La prueba son sus certificados de notas”.
También advierte que el secretario ejecutivo del Centro de Estudiantes, Cristian Trigoso, fue parte del proceso pese a que su gestión había terminado en 2002, pero la Federación Universitaria Local (FUL) la amplió de manera irregular.
Según el informe, Trigoso firma las designaciones pese a que en ese momento no estaba matriculado, así que no tenía competencia alguna.
En los tribunales docentes también se descubrió que los postulantes fueron jurados de otras materias pese a su condición de candidato a catedrático.
Los docentes observados tienen que devolver lo cobrado
El contralor general, Miguel Herbas, declaró que los docentes contratados de manera irregular tendrán que devolver el dinero que cobraron durante seis años sin haber trabajado.
Según las estimaciones de la directora de la Carrera de Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Gabriela Sotomayor, ese monto asciende a 800.000 bolivianos.
El informe de responsabilidad aún no fue emitido por la Contraloría y se anuncia que la disposición de devolución del dinero estará incluida en este nuevo documento.
Sotomayor informó que desde 2003 los catedráticos señalados recibieron un salario mensual pese a que no daban clases, pues dos auditorías universitarias previas concluyeron que la institución no puede rezagarlos hasta que se tome una decisión. La Universidad, incluso, les envió el pago a otras regiones del país (Tarija) y del exterior (Ecuador).
Uno de los 12 docentes aludidos, Álex Urquidi, dejó en claro que desde que la disputa inició, en 2003, ellos estaban a disposición de la institución, sin embargo cuando asistían a dar sus cátedras la Dirección les comunicaba que habían cambiado horarios, o no les dotaba de aula “o cualquier otra complicación que impedía que dictemos los cursos”.
Sotomayor informó además que el Honorable Consejo Universitario determinó esperar el informe de las responsabilidades para asumir una decisión respecto de anular o no los contratos de los docentes observados de la Carrera de Comunicación. Se espera que el informe se conozca en 15 días.
Las observaciones
El informe señala que la UMSA efectuó el proceso de reclutamiento, selección y admisión de catedráticos en el periodo 2002 y 2003, vulnerando sus propias normas que regulan esos procesos en sus distintas etapas, cuya inobservancia está sancionada con la nulidad.
Los docentes cuestionados por la Contraloría General del Estado (CGE) son Gonzalo Leonardini, Óscar Vargas, Juan Carlos Ramírez, Sandro Velarde, Freddy Condo, Hugo Vega Plaza, Rocío Clavijo, Carlos Camacho, Álex Urquidi, Irina Quiroga, Eduardo Paz Rada, Iván Zabaleta.
Hay deficiencias en las actas de sorteo y actas de examen de competencia, se registraron postulantes no habilitados a la prueba de conocimientos científicos y pedagógicos y se emitió una resolución del Consejo de Carrera de designación de docentes cuya fecha es previa a la prueba de conocimientos.
Una resolución del Consejo Facultativo avala la formación de los tribunales para los exámenes de competencia; hay observaciones a disposiciones en la conformación de la Comisión de Prueba.
La Directora de Comunicación adelantó que habrá la convocatoria a una asamblea general docente-estudiantil para definir acciones en el marco de los resultados de la auditoría.
La auditoría definirá si los 800.000 bolivianos de daño económico de la Carrera de Comunicación deben ser devueltos por los profesores que cobraron sueldo.
Esta controversia se la arrastra en esa instancia universitaria desde hace siete años, en los cuales las clases en esas materias fueron irregulares.
La carrera está llena de corruptos y nunca se hizo nada, si la contratación fue incorrecta, inicien proceso contra quienes la ejecutaron, no contra quienes son las victimas.
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