El Ministerio Público pedirá la detención preventiva y anotación preventiva de bienes de los ex rectores de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) por presuntamente usar de manera indebida los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IHD), con lo que se busca garantizar la reposición del daño económico.
El fiscal Gilbert Muñoz, quien investiga los destinos de los recursos del IHD usados para los gastos de funcionamiento en la UAJMS, informó que en la audiencia prevista para el sábado 4 de junio, a las 09.00, en el Juzgado Cautelar de la Corte Superior de Justicia, pedirá la imposición de medidas cautelares de carácter real a los imputados.
En la oportunidad se les aplicará medidas cautelares a los ex rectores Carlos Cabrera Íñiguez y Eduardo Cortez Baldivieso, además de Segundino Cortez Llanos, ex secretario de la Gestión Administrativa y Financiera; y Wálter Johnny Nava Oroz, ex jefe interino del Departamento de Finanzas de la casa de estudios superiores.
Las ex autoridades fueron acusadas de supuesta conducta antieconómica y malversación de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), estimados en 55.459.311 bolivianos, por lo que el Ministerio Público pidió al Juzgado Cautelar Primero de Instrucción en Materia Penal la detención domiciliaria y la anotación de bienes de los cuatro imputados.
El fiscal denunció que la investigación quedó parcialmente paralizada ante la negativa de las autoridades y funcionarios de la UAJMS de proporcionar documentación e información sobre el uso que dieron a los recursos del IDH.
“Ante esta actitud de la UAJMS, el Ministerio Público actuará conforme a la ley y presentaremos una denuncia por obstaculización en la investigación y estamos tomando en cuenta para acreditarlos en el órgano de justicia”, dijo Muñoz, quien expresó su preocupación por la no entrega de documentación, pese a que dio un plazo perentorio.
“Por lo demás estamos convocando a más de 100 personas a declarar en este caso, que de acuerdo con listas, estamos ampliando la investigación a quienes formaron parte del Consejo Universitario que aprobó el uso de los recursos del IDH”, concluyó el fiscal.
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