Las universidades del sistema público de Bolivia dieron un plazo al Gobierno Nacional hasta el 30 de mayo de este año, para que se les incremente su presupuesto. En esa fecha se reunirán en la ciudad de Tarija las casas de estudios superiores para analizar los posibles avances que se podrían lograr hasta ese día, en caso de que no haya “nada a favor”, definirán medidas de presión.
La fecha de plazo al Gobierno fue determinada en la conferencia de universidades que se desarrolló la anterior semana en Cobija. Además allí analizaron los avances que tuvieron en los acuerdos con el Gobierno que se lograron en la marcha de universitarios del país rumbo a la ciudad de La Paz, en marzo pasado.
Según el vicerrector de la Universidad Juan Misael Saracho (UJMS), Ricardo Colpari, quien participó de la conferencia en Cobija, en el tema financiero “se negó todas las solicitudes, no hay un peso más de lo que se pidió, lo que aflige y pone en riesgo la continuidad de la Universidad, porque con la Ley de Pensiones estamos obligados a dar un tres por ciento como aporte patronal para la pensión solidaria, lo que significa cerca de cuatro millones de bolivianos, lo que genera una brecha muy difícil de cubrir”.
Solicitaron utilizar parte de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en gasto corriente, pero también fue negado, pese a que hubo compromisos antelados, a decir de Colpari, por parte del Ministro de Economía y Finanzas.
Otra de las solicitudes que fueron negadas, según Colpari, es que se otorgue una “compensación al índice de la inflación en un 8.7 por ciento, (…) se indicó que las finanzas del Tesoro General de la Nación no dan para ese tipo de incremento”.
En cuanto al tema de la autonomía universitaria, según la autoridad, se está analizando las leyes que “agredían al estatus autonómico” de las casas de estudios superiores, por tanto hay un avance a lo acordado en marzo.
El tema del Seguro Social Universitario, por otra parte, también fue tratado en la conferencia de universidades y, a decir de Colpari, están conformes porque se sacó de la Ley de Seguro Universal, lo que da “un poco de tranquilidad al sector laboral”.
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