El juez primero de Instrucción Penal, Walter Chumacero, determinó en su veredicto de audiencia cautelar, medidas sustitutivas para los ex rectores y administrativos de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), consistentes en la prohibición de comunicación entre los investigados, como también los testigos, además deberán presentarse ante el Ministerio Público una vez por mes.
Las personas imputadas en el caso, son los ex rectores Carlos Cabrera Iñiguez y Eduardo Cortez Baldivieso, además de Segundino Cortez Llanos, ex secretario de la Gestión Administrativa y Financiera y Walter Johnny Nava Oroz, ex jefe interino del Departamento de Finanzas de la Casa de Estudios Superiores.
El fiscal Gilbert Muñoz, asignado al caso, explicó que con el fallo emitido por el juez Chumacero, se demostró que las acusaciones del Ministerio Público fueron valederas para que se imponga las medidas necesarias por el uso de los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos). Adelantó que las investigaciones continuarán con otros miembros del Concejo Universitario, que aprobaron el uso de esos dineros.
“Se presentaron todos los elementos de prueba contra los imputados, es un proceso largo de investigación, donde hay otros actores más, y eso es lo que reviste la complejidad de este caso. Es cierto que existe ya un fallo que es para prevenir la obstaculización de la investigación, y para garantizar aquello vamos a trabajar coordinadamente con la Policía y el mismo Ministerios Publico para que se cumpla”, manifestó Muñoz.
Añadió que en la audiencia se determinó los suficientes elementos para hacer presumir la existencia de los delitos de malversación, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por los cuales se acusa.
El ex rector Eduardo Cortez, mencionó que continuarán asumiendo defensa, explicando que en ningún momento hubo malversación de fondos y que lo único que se hizo fue salvar a la universidad de una crisis, con el uso de los recursos del IDH.
“Tenemos que asumir el fallo y con el proceso de investigación vamos a demostrar que no nos llevamos un centavo de la universidad, creemos que nuestra acción fue coherente y que en definitiva siempre hubo un buen manejo de la universidad. Lo que nos perjudico es que siempre hubo un trato discriminatorio con la UAJMS, eso nadie puede negarlo, además nadie es mago y para salir de la crisis tuvimos que recurrir al uso de esos recursos, con la consulta respectiva del magno Concejo Universitario”, manifestó.
Entre tanto, Carlos Cabrera, explicó que serán respetuosos del fallo impuesto por el juez justificando que las acciones realizadas no fueron de forma unilateral, sino fue una decisión institucional, del que ahora es procesado.
“Somos respetuosos de la ley y en base a ello vamos a defendernos, decir que nuestra acción fue una decisión institucional de nuestra universidad, y lo que corresponde ahora es demostrar que la medida para utilizar los recursos del IDH, era como préstamo y esos recursos actualmente se están devolviendo y por tanto nuestra conciencia la tenemos sana y limpia”, dijo.
ANTECEDENTES
El proceso inició el 23 de marzo de 2010, cuando los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, María Elena Méndez, Mirtha Arce Camacho, Luis Pedraza, Adrián Oliva y Roy Moroni Cornejo, presentaron una denuncia formal en contra de quién fuera el rector de la UAJMS, Carlos Cabrera Íñiguez por tres delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
En la etapa preliminar de la investigación se determinó supuesta conducta antieconómica y malversación de recursos del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) estimados en 55.459.311 de bolivianos, por lo que el Ministerio Público pidió al Juzgado Cautelar Primero de Instrucción en Materia Penal, la detención domiciliaria y la anotación de bienes de los cuatro ahora imputados.
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