El Colegio de Abogados de Cochabamba rechazó, en un comunicado público, el allanamiento a la oficina del Juez Vladimir Pérez por fuerzas de seguridad y representantes del Ministerio Público el 9 de agosto.
Para los abogados, el allanamiento atenta en contra de los principios de independencia e imparcialidad del Órgano Judicial en general, y de los magistrados y jueces en particular.
“El desconocimiento de la independencia, de la obligatoria imparcialidad de los magistrados y jueces, y la presunción de inocencia se ha convertido en una medida que sistemáticamente vienen aplicando autoridades gubernamentales en el país contra jueces y juezas que adoptan decisiones que no son del agrado del Órgano Ejecutivo instrumentando para dicho fin al Ministerio Público”, dice un fragmento del comunicado difundido hoy en los medios.
Para los abogados de Cochabamba, con los allanamientos y la privación de libertad de jueces, lo que se busca es amedrentar a los miembros del Órgano Judicial a objeto de que sometan sus decisiones a los mandatos, expectativas e intereses políticos de los otros órganos del Estado. “Esta situación resulta atentatoria al Estado de Derecho y deja un funesto precedente para que cualquier litigante perdidoso busque, a través de la vía penal o la represión política, invalidar decisiones judiciales que le resulten perjudiciales, dejando de lado los recursos ante el Juez o Tribunal superior en la jerarquía jurisdiccional, para la revisión de la resolución”, dice el comunicado firmado por José Antonio Rivera, presidente del Colegio de Abogados, Julieta Montaño, vicepresidenta, y Marcela Vidaurre, secretaria.
El Colegio de Abogados también remitió cartas a Ever Veizaga, presidente de la Corte Superior de Justicia, y a Jimmy Rudy Siles, presidente de Asociación de Magistrados de Cochabamba, en las que expresan su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran jueces y magistrados por decisiones y acciones adoptadas por el Ministerio Público y el Órgano Ejecutivo del Estado.
“Asimismo, aprovechamos la oportunidad para trasmitir, a través suyo, nuestra solidaridad con el Juez Vladimir Pérez por el allanamiento sufrido a su despacho”, finaliza la carta.
VEIZAGA CUESTIONA EL PROCEDIMIENTO
El presidente de la Corte Superior de Justicia, Ever Veizaga, ratificó ayer la indignación que ha provocado el allanamiento a las oficinas del juez Vladimir Pérez, ordenado por otro juez, y dijo que el Ministerio Público no ha seguido los pasos correctos según manda el Código de Procedimiento Penal.
Explicó, como ejemplo de aplicación correcta de la ley, la resolución emitida por el Tribunal de Alzada compuesto por dos vocales, el pasado miércoles, cuando anularon la resolución de la jueza Rosario butrón en el caso del denominado “Clan González Ledesma”.
El presidente de la Corte dijo que en ese caso, el Ministerio Público actuó como ordena la ley, impugnando la resolución, y el resultado ha sido que el Tribunal de Alzada, luego de revisar las justificaciones de la juez y todo lo concerniente al proceso, dé la razón al Ministerio Público y anule la resolución. Lo que no ha ocurrido en el caso del Juez Vladimir Pérez.
Las oficinas de Pérez fueron allanadas dentro del proceso que le sigue el Ministerio de Gobierno por el supuesto delito de prevaricato, por haber resuelto la detención domiciliaria sin custodia, para Orlando Candia Romero, alias “el Sérpico” acusado de lavado de dinero y narcotráfico
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