El 6 de junio de 1909 es una fecha histórica para la educación boliviana, porque se recuerda la apertura de la primera Escuela Normal en la ciudad de Sucre. Los maestros, que hasta entonces no tenían dónde formarse, encontraron un centro que prometía revolucionar la educación en el país, que dejaría en el pasado el empirismo. Sin embargo, 100 años después la formación docente aún es una de las más cuestionadas y la calidad educativa parece un sueño difícil de alcanzar.
En estos 100 años se han aprobado códigos y leyes para transformar el sistema educativo. No obstante, datos arrojados por la última Encuesta de Hogares de 2008 señalan que 564.709 jóvenes (entre 19 y 24 años, que equivale al 55,8%) no están matriculados en ninguna universidad, instituto, escuela normal ni academia militar.
Precisamente, para tomarle el pulso a la educación, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), con el apoyo de la embajada real de Dinamarca, realizó ocho investigaciones y tres compilaciones en el marco del proyecto 100 años de educación en Bolivia.
¿Cuál es la realidad de la migración estudiantil?, ¿cuál es la situación de la educación rural?, ¿y la violencia escolar?, ¿qué ocurre con la educación técnica?, ¿hacia dónde debe ir la formación docente?, ¿cómo transferir la competencia de la educación en el actual proceso autonómico? Estas son interrogantes que tienen respuesta en el trabajo realizado por al menos 25 investigadores del PIEB y que divulga la cooperación del Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa (Cebiae).
La economista Kathlen Lizárraga, en su investigación Educación técnica y producción en Bolivia, señala que en estos años la educación técnica ha tenido un enfoque más filosófico y doctrinal que operativo, el sistema actual sigue siendo excluyente, pues carece de políticas para la formación técnica. Es así que más de medio millón de ciudadanos en edad de formarse no pasa por ningún centro de formación, ni técnica ni universitaria.
El 22% de la población entre 24 y 60 años que trabaja tiene algún nivel de formación profesional, el resto ejerce un oficio o profesión de forma empírica. El 13,1% se ha formado en alguna universidad, el 4,3% en la Normal, el 3,8% en un instituto técnico y el 0,9% en otros centros.
Según datos de Lizárraga, calculados en base a la Encuesta de Hogares 2008, del total de la población matriculada en centros de formación profesional, el 72,4% está en la universidad y aspira a tener un título de licenciatura, el 11,9% está en un instituto técnico, el 6,5% en la Normal, el 7,1% en otros cursos, el 1,1% sigue una carrera técnica en la universidad y el 0,9% se forma en las academias militar y policial. “En Bolivia, los más pobres no llegan a la universidad y desarrollan sus actividades desde el empirismo”, dice la economista y reconoce que el Estado no tiene la capacidad para financiar toda la demanda potencial, porque necesitaría $us 609 millones por año para hacerlo.
Lizárraga propone algunas soluciones, como buscar financiamiento compartido para brindar una mayor cobertura del servicio, aprobar políticas para la educación técnica, normar el funcionamiento de los institutos privados, pues, por ejemplo, en el país hay centros que forman técnicos medio en Informática en 30 horas de clases, mientras que otros centros lo hacen en 600 horas.
Por otro lado, el economista Mario Galindo, en la investigación Los desafíos de educación en el proceso autonómico boliviano, señala que tanto la mayoría de los maestros como las autoridades del sector no quieren descentralizar la educación. Los primeros porque temen que se erosione la unidad sindical, mientras que los segundos porque se niegan a perder el poder.
Galindo aclara que seis de los nuevos sindicatos del magisterio quieren la descentralización de la educación (menos La Paz, Oruro y Cochabamba); sin embargo, carecen de la fuerza necesaria para imponer su punto de vista a los demás organismos sindicales, que tienen un mayor número de afiliados.
En cuanto a las autoridades, el experto indica que una prueba de que el Ministerio del ramo se resiste a perder el control de la administración educativa son las pugnas que se han vivido en los últimos años por imponer los directores departamentales. Para Galindo, la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez es centralista y con su aprobación el país ha retrocedido hasta antes de 1994, año en que se aprobó la Ley de Participación Popular, que apostaba a la descentralización de la educación.
Además, asegura que la transferencia de recursos a los gobiernos autónomos continúa siendo insuficiente. Por ejemplo, indica que mientras que en el año 2000 el gasto corriente en educación del Producto Interno Bruto era del 4,69% y la inversión del 0,91%, en 2006 el gasto corriente pasó a 5,04% y la inversión a un escaso 1,27%.
La investigación también se refiere a los gastos del Estado por cada alumno en educación. En el periodo 1998-2001 por cada estudiante se gastaba $us 127 (de primaria) y $us 107 (secundaria), mientras que entre los años 2006 y 2009 las sumas pasaron a $us 192 (primaria) y $us 203 (secundaria).
Estos montos son considerados bajos si se compara con los gastos por alumno que realizan otros países de la región.
Mario Galindo también critica la politización de la educación y cuestiona los conflictos que hay entre el Gobierno nacional y las autoridades regionales que no van con su línea política, lo que impide el avance de un proceso descentralizador.
“Se perdió el orgullo de decir soy docente”
Hoy en día ser maestro carece de prestigio y de reconocimiento social. Se trata más bien de una profesión en crisis, abandonada a su suerte y debilitada por la politización. Así coinciden en señalarlo expertos del PIEB, que han realizado varios trabajos de investigación sobre los docentes del país.
Según el PIEB, en 2002 había 92.454 maestros en todo el país y en 2010, 130.000, lo que significa un crecimiento de un 40,6% en ocho años, a un ritmo promedio de un 5% anual.
Cuando se recobró la democracia, en los años 80, el 40% de los docentes ejercía sin formación profesional. Desde principios de siglo los maestros pertenecían a las clases sociales media y media-alta, pero fueron desplazados pues la profesión ha ido tomando una composición social de origen popular.
Magdalena Cajías, historiadora y exministra de Educación, en su investigación Continuidades y rupturas: el proceso histórico de la formación docente rural y urbana de Bolivia, propone un decálogo para el cambio de educadores, entre ellos definir qué tipo de profesores requiere el país, mejorar los mecanismos de admisión de los futuros maestros, así como los procesos de evaluación y de ascenso de categoría.
Asimismo, plantea mejorar el salario del sector y establecer con mayor claridad cómo y quiénes deben elaborar los textos de apoyo a la formación de los educadores. “Se dice que nuestros profesores son malos y que la calidad de la enseñanza es pésima, pero también habrá que ver si el Estado ha hecho suficientes esfuerzos para dar al sector un adecuado apoyo para su formación en las normales”, expresa Cajías.
“El maestro está desactualizado por la falta de herramientas para su formación, pero también porque no hay vocación de educador. Muchos ingresan a las normales porque no han encontrado otros espacios donde formarse. El que va ser maestro no tiene ese sentimiento de orgullo”, agrega.
Actualmente, el magisterio ha dejado de ser una opción laboral segura, pues según el ministro de Educación, Roberto Aguilar, en la actualidad hay unos 19.000 docentes titulados desocupados y sin expectativas de conseguir un ítem. De hecho, tan solo el 10% de los maestros que se titulan en las normales ingresa a la docencia.
5 de 10 niños sufren violencia
José tenía siete años cuando su familia dejó Oruro para radicar en Santa Cruz. Desde el primer día fue blanco de insultos y agresiones físicas por parte de algunos compañeros. Sus padres y sus profesores desconocían el maltrato, hasta que un día el pequeño llegó a su casa con la ropa rasgada y moretones en el cuerpo. Su padre decidió cambiarlo de colegio.
José es uno de los miles de niños que son víctima de maltrato en la escuela. Sin embargo, este problema no es exclusivo de Bolivia, sino mundial. El sociólogo Juan Yhonny Mollericona, en su investigación Paradorcito eres, ¿no?, radiografía de la violencia escolar en las ciudades de La Paz y El Alto advierte sobre la intensidad con la que se viene dando este fenómeno.
Según Mollericona, cinco de cada diez estudiantes se ven involucrados de manera directa o indirecta en esta problemática, y nueve de cada diez casos ocurren dentro de la escuela, especialmente en los baños donde niños y niñas aprovechan que están fuera del alcance de los ojos de los profesores para cometer actos de agresión, ya sea física (empujones, patadas, peleas, golpes, zancadillas, escupitajos) como verbal (insultos, amenazas, humillaciones).
Siete de cada 10 menores de edad que son víctimas del acoso escolar no avisan a sus padres o maestros sobre esta situación. El estudio reveló que la agresión verbal ocurre en un 60%, la agresión social en un 44% y la física en un 38%. “Lastimosamente este tema es abordado por los profesores como un problema de conducta, no como de violencia”, indica.
Las normas
1909. Se institucionaliza la formación docente con la creación de la Escuela Normal de Sucre.
1909-1952. Se plantean cambios al sistema.
1955. Se aprueba el Código de la Educación. Se castellaniza la enseñanza.
1960-1978. La sociedad cuestiona los aspectos educativos, como la formación docente. Se plantea una educación descolonizadora.
1994. Se aprueba la Ley 1565 de la Reforma Educativa, con cierto consenso intelectual, pero no de los maestros, que la llamaron ‘ley maldita’. Nace el bilingüismo. Mejora la educación primaria, pero no así otros niveles ni otras áreas.
2010. Se aprueba la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Nacen las Escuelas de formación docente. Plantea un nuevo currículum y apuesta por la intraculturalidad. Es considerada centralista.
Cifras
16,6%
Alumnos excluidos
Es el porcentaje de muchachos de entre 14 y 18 años que no están estudiando y son excluidos del sistema educativo. Corresponde a 197.365 niños
55,8%
Jóvenes sin una profesión
Es el porcentaje de jóvenes de entre 19 y 24 años que no está matriculado en una universidad, instituto, Normal u otro centro educativo. Equivale a 564.709
7 de 10
Involucrados en violencia
Son los alumnos que están metidos, de forma directa o indirecta, en el problema de la violencia en la escuela. Las agresiones suelen ocurrir en baños
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