Hasta definir el derecho propietario de los terrenos avasallados por pobladores de Condoriquiña y Ocovinto, autoridades de la Fiscalía de Distrito determinaron ayer el cese de actividades en 59 hectáreas del Centro Experimental Agropecuario (CEA) Condoriri hasta obtener un informe técnico y jurídico del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
A la reunión asistieron representantes del Ministerio Público, de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), el INRA, Gobernación y los pobladores que avasallaron terrenos del CEA Condoriri quienes afirman que están reivindicando su derecho propietario sobre un espacio de terreno que según su postura, les corresponde históricamente.
El fiscal Gonzalo Martínez explicó que se intentó conversar sobre algunos aspectos para determinar quién es el titular o propietario del sector, por su parte los comunarios de Condoriquiña y Ocovinto insistieron en indicar que ellos llegarían a ser herederos históricos de estos terrenos.
Entre tanto, representantes de la UTO ratificaron su derecho propietario mostrando la documentación de compra y venta de los terrenos; asimismo, se dio a conocer los trámites que se realizan en el INRA por ser la institución encargada de resolver los temas de propiedad en el área rural. Luego se estableció una resolución de medidas precautorias que permita evitar la violencia en el lugar.
Así también se procedió a la notificación de los comunarios estableciendo que las 59 hectáreas no pueden ser utilizadas, trabajadas ni de pastoreo, mientras el INRA no resuelva desde el punto de vista técnico y jurídico el derecho de propiedad del sector.En la misma audiencia los comunarios solicitaron una reunión de conciliación entre las partes, para el martes poder convocar a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (Fesutco) y a la Federación de Campesinos de Caracollo para resolver este tema.
Ayer por la mañana los avasalladores fueron encontrados roturando los terrenos para el sembrado de quinua, una vez concluida la audiencia retiraron el tractor, con el compromiso de evitar todo tipo de violencia, explicó el fiscal Martínez.
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