Caso “U”-Soboce: Excluyen de investigación a otro grupo

El Ministerio Público rechazó la investigación en contra de otro grupo de personas procesadas en la vía penal por la firma del convenio Universidad - SOBOCE porque asegura que no encontró elementos suficientes para continuar la investigación en su contra.
Según la resolución fiscal del 18 de enero de este año, a la que accedió este diario, el fiscal anticorrupción, Hugo Carrasco, rechazó las actuaciones policiales con relación a la ampliación de la investigación en contra de Jaime González, Orlando Tapia y Mario Linares investigados por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y contratos lesivos al Estado.
Después de varios meses de investigación, el Ministerio Público se dio cuenta que el docente universitario Mario Linares, ex miembro del Consejo Universitario en 1999, se abstuvo de votar a favor o en contra de la suscripción del convenio U-SOBOCE, “de ahí que, si no emitió voto no puede atribuírsele responsabilidad”, establece la resolución.
Respecto a Orlando Tapia y Jaime González, señala que si bien participaron en las sesiones de Consejo Universitario, donde se trató el tema de las negociaciones sobre la administración de FANCESA, esto no constituye un tipo penal porque no firmaron el convenio del 2 de diciembre de 1999, y tampoco otorgaron poder a favor de Samuel Doria Medina.
“Por lo que no se identifica que sus conductas hayan causado daño por la mala administración”, establece el Fiscal que conoció el caso después de la apertura de investigación hecha por el fiscal Nelson Gumiel.
El fiscal Carrasco añade además que no se lee en los documentos analizados que los tres funcionarios de la Universidad hayan aceptado la firma del convenio en los términos que se conoció en la ciudad de La Paz, por lo que establece que “no existen elementos indiciarios en contra de los tres”. Es más, en el caso de Linares sostiene que no hay un solo elemento que lo incrimine.


PRIMER RECHAZO
La Fiscalía hizo un primer rechazo de la investigación que se seguía a Nelson Guzmán, Carlos Marcelo Rojas Antezana, Ricardo Torres Echalar, Iván Jorge Arciénega y Edgar Pedro Sernich en septiembre de 2011, bajo el argumento de que no firmaban en ninguno de los documentos del convenio y tampoco podían hacerlo en su condición de estudiantes y vicerrector, por lo que no se advertía responsabilidad penal.
En el caso de Arciénega, estableció que si bien éste aparecía firmando el convenio del 7 de diciembre de 2006, su participación resultaba “oficiosa” por no tener legitimidad para intervenir en actos jurídicos atribuidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Universidad, cuando su función era académica. “Es la firma del rector la que genera responsabilidad y no la del Vicerrector”, establece.
Dentro de este proceso están investigados el empresario Samuel Doria Medina, los ex rectores Jaime Robles, Jaime Barrón y el actual rector, Wálter Arízaga.