El defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció ayer que pedirá información al Ministerio de Gobierno y al comandante general de la Policía, Jorge Santiesteban, sobre el ingreso presuntamente irregular de 54 nuevos cadetes a la Universidad Policial (Unipol).
“Nosotros vamos a tomar acciones a partir del día lunes, vamos a pedir que se nos informe para conocer de primera fuente qué es lo que ha acontecido. De confirmarse estas irregularidades, sería deplorable, porque una vez más la Policía estaría incurriendo en una falta gravísima”, aseguró Villena.
Una resolución del 9 de febrero de 2012, firmada por el coronel José Piérola, rector de la Unipol, presuntamente autorizó el ingreso de 54 bachilleres por orden de Santiesteban.
Esta última autoridad, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso Página Siete, envió el 6 de febrero un oficio en el que instruye “tomar previsiones para el cumplimiento de la necesidad de incorporar a la facultad de ciencias policiales a jóvenes de ambos sexos en un programa piloto de incorporación de bachilleres interculturales”.
La Policía no se ha pronunciado al respecto, pese a los requerimientos de éste y otros medios de comunicación. El pasado martes, el general Santiesteban se excusó de dar declaraciones y Piérola dijo que no puede hablar sin la autorización respectiva de sus superiores.
El jueves, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informó que la Comisión de Máxima Instancia, que debe participar en la selección de los postulantes -y de la cual forman parte su ministerio, como los de Gobierno, Salud y Educación-, desconocía “absolutamente” la autorización para el ingreso de los 54 postulantes a través del “programa de bachilleres interculturales”, firmada por el coronel Piérola.
Suxo pidió información a la Policía sobre un supuesto cobro de 5.000 dólares a cada uno de los 54 postulantes y adelantó que cuando la reciba, la transferirá al Ministerio Público, entidad a la que le corresponde iniciar una investigación.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo en la semana que su despacho no participó en la evaluación y selección de los cadetes de la Unipol y desconocía de la aparición de 54 postulantes cuestionados.
El viceministro de Salud, Martín Maturano, aseguró ayer que el Ministerio de Salud no tiene “conocimiento” sobre los 54 postulantes. “Tampoco podríamos decir si son irregulares o no, porque podría tratarse también de parte de ese grupo que ha sido admitido, posterior a la evaluación que han tenido”, dijo.
Julia Ramos, coordinadora del Pacto de Unidad, rechazó que sectores campesinos e indígenas aglutinados en esa plataforma hayan enviado una lista de nombres para su ingreso a la Unipol.
La dirigente adelantó que la organización que representa pedirá una investigación, para ver si es que existen irregularidades y cobros adicionales a los postulantes, bajo la excusa de un programa que debería beneficiar a diversos sectores sociales.
“El hecho de que el señor comandante de la Policía, el general Santisteban, estaría implicado, eso es un asunto que reviste muchísima gravedad”, aseveró Villena, quien comentó que las normas se han cambiado para que se eviten precisamente este tipo de irregularidades.
Todavía falta investigar
El jueves pasado, Página Siete informó que la Universidad Policial autorizó el ingreso de 54 postulantes sin el conocimiento de los ministerios de Gobierno, Educación, Salud y Transparencia, como lo establece la normativa.
Estos ministerios forman parte de la Comisión de Máxima Instancia, que se creó para evitar que los postulantes eroguen dinero por ingresar a esta entidad de formación, como sucedía en el pasado. La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, pidió información a la Policía sobre un supuesto cobro de 5.000 dólares a cada uno de los 54 postulantes mencionados.
El 5 de febrero, la comisión calificadora del proceso de admisión publicó en El Diario la lista de los postulantes a la Unipol. Es una nómina de 456 personas aprobadas. No obstante, según Oxígeno, la Unipol tiene un registró de 499 cadetes inscritos.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, aclaró que la Defensoría no forma parte de “esa instancia máxima de admisión”. Según la autoridad, se desestimó esto porque intuyeron que de representarse alguna irregularidad serían juez y parte en temas como éstos.
“Al no ser parte, nos reservamos el derecho para conocer estos casos y una vez conocidos, pedir la investigación que amerita”.
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