Los coroneles José Antonio Piérola, rector de la Universidad Policial (Unipol) y Marco Ortuño director de la Academia Nacional de Policías (Anapol), se encuentran bajo arresto domiciliario y arraigo por orden del juez Tercero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Alberto Chaca.
Ambas autoridades policiales deberán presentar dos garantes, sobre los cuales recaería una multa de 30.000 bolivianos en caso de fuga. Piérola y Ortuño se encuentran imputados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por el ingreso irregular de 54 postulantes supuestamente recomendados a la Anapol sin seguir los procedimientos y normas vigentes y supuestamente cobrando sumas de dinero.
El fiscal de la división Corrupción Pública Aldo Ortíz, explicó que la determinación judicial valoró el riesgo de obstaculización de las investigaciones por parte de los imputados.
Ortíz dijo que durante la audiencia de ayer, se reveló que en una reunión del Consejo Académico Universitario de la Policía se observó que no todos los postulantes que ingresaron mediante el Programa Piloto de Incorporación de Jóvenes Interculturales, podían ser calificados como tales, porque ni siquiera provenían de provincias, y agregó que si existen familiares de autoridades de Gobierno en las listas, estas personas serán investigadas y citadas a declarar.
Ayer se reveló que la hija del Ministro de Trabajo Daniel Santalla y el sobrino del viceministro de coordinación con los movimientos sociales César Navarro, se encontraban en las listas irregulares. El fiscal no descartó la posibilidad de que dirigentes de movimientos sociales que avalaron las listas, altos funcionarios de Gobierno y otras autoridades policiales sean citadas a declarar en el transcurso de los próximos días.
El abogado de ambos coroneles, Marco Antonio Nina, indicó que la defensa tiene el tiempo suficiente para interponer una serie de recursos jurídicos para probar la inocencia de ambos policías de alto rango y de esta manera levantar las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.
“Estamos en un periodo de investigación y vamos a actuar conforme a derecho, me remito al cuaderno de investigaciones en lo que se refiere a detalles”, dijo el profesional abogado.
PREOCUPACIÓN
Durante la audiencia de medidas cautelares, algunos padres de familia de los cadetes de las listas observadas, llegaron hasta el juzgado visiblemente preocupados por la incertidumbre en torno a la situación de sus hijos en la Anapol.
Los padres de familia de los 54 jóvenes bachilleres, ahora cadetes de primer año, manifestaron su intranquilidad ante la posibilidad de que sus hijos sean dados de baja en las próximas horas y ya contrataron los servicios profesionasles de abogados en caso de que esta situación llegue a producirse. Además acudieron a la Defensoría del Pueblo, entidad que ya tomó conocimiento del caso ante la posibilidad de que se vulneren los derechos de los cadetes.
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