El fiscal del Ministerio Público, Aldo Ortiz, prosigue con las investigaciones en el caso de los 54 cadetes de la Universidad Policial, quienes habrían ingresado a esta institución sin haber pasado por las pruebas requeridas y en tiempo oportuno.
De los 54 postulantes que ingresaron un mes después del resto, 36 lo hicieron como representantes de comunidades originarias, aunque en el descargo de los dos coroneles involucrados en el hecho se mencionó que habían recibido el aval de las comunidades originarias, mientras que los 18 restantes ingresaron con una resolución complementaria.
Ortiz sostuvo que existen varios elementos de prueba y declaraciones fundamentales, que servirán para esclarecer este caso, aunque se mostró reticente a dar detalles sobre el caso.
Dio a conocer algunos detalles referidos al proyecto piloto que varias instancias decidieron implementar con el fin de incorporar a la Unipol a jóvenes bachilleres interculturales u originarios, otorgándoles la oportunidad de acceder a la institución policial.
Explicó que el caso empezó a hacerse público a través de una denuncia que presentó un funcionario del Ministerio de Transparencia, quien hizo saber que para ingresar a la Academia de Policías se emitió una resolución suprema 4908/2012, la misma establecía que se creaba una comisión de máxima instancia que iba a determinar el ingreso de postulantes a la Academia de Policías.
“Esta comisión de máxima instancia es la que define la selección y admisión de los postulantes a la Academia haciendo mención de que una parte relevante considerando que algunos reprobaron y existía el temor de otros postulantes del área rural a los exámenes de admisión. En la nota remitida por el Comando de la Policía se aceptó que algunos que forman parte de la primera lista remitida habían reprobado”, manifestó.
El Fiscal confirmó que según los primeros actos investigativos existirían funcionarios públicos involucrados en el hecho, sin embargo, esta situación será confirmada cuando se tengan las pruebas suficientes.
“En esta etapa estamos cruzando información. Tenemos declaraciones testificales al respecto, queremos mantener todo en supuestos para continuar con las investigaciones, si ha existido uso indebido de influencias. En el momento que tengamos los elementos suficientes podemos afirmar qué es lo que ocurrió”, acotó.
A tiempo de aclarar que no se pretende dañar a la institución del orden, la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, dijo que la prioridad del Gobierno es erradicar la corrupción, por lo cual señaló que en ese marco se castigará “sea quien sea”, refiriéndose al posible uso de influencias de parte de autoridades.
Finalmente el ejecutivo del Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), Félix Becerra, negó que esta organización haya avalado a algunos postulantes.
“Conamaq en ningún momento ha avalado a los jóvenes, a veces aprovechan y levantan el nombre, estamos de acuerdo que se debe investigar”, dijo.
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