El año 2011, el Ministerio Público conoció de otro caso de estafa por parte de una abogada que cobró más de 30.000 dólares a padres de familia interesados en que sus hijos o sobrinos ingresen a la Academia Nacional de Policía, la Escuela Básica Policial o el Colegio Militar.
Según documentos a los que accedió el diario digital Oxígeno, cuatro diferentes casos ocurrieron entre 2010 y 2011, y en todos ellos el común denominador es el cobro de dineros por parte de la abogada Delicia Fernández, (quien hoy está recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes) con la promesa de que los hijos o sobrinos de los querellantes ingresarán a las instituciones mencionadas.
El caso ha sido investigado al punto que existen documentos de devolución de “préstamos de dinero” y otros datos que llevan a la conclusión de que Fernández “habría manifestado que podría hacer ingresar a sus hijos y sobrinos al Colegio Militar y Academia de Policías porque, según sus versiones, trabajaba en el Ministerio de Gobierno, o hablaría directamente con el comandante general del Ejército porque había sido asesora del Congreso”.
La sindicada hizo comprar uniformes que le fueron entregados y que los tiene un abogado de apellido Omonte, según las versiones de las víctimas. Sin embargo, a pesar del dinero entregado, Delicia Fernández no hizo ingresar a los jóvenes, cuyos padres o tíos procesan a la principal acusada de “estafa y agravación en caso de víctimas múltiples”.
El 10 de abril de 2012, la imputada pidió ampliar la imputación contra nueve personas por complicidad, entre los que están los querellantes, jefes policiales, militares, un cantante y la madre de un diputado del MAS.
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