El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reconoció ayer que hay otros funcionarios del Ejecutivo que han denunciado haber recibido amenazas por el caso del ingreso presuntamente irregular de 54 cadetes a la Academia Nacional de Policía (Anapol). El jueves, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, denunció presiones y amedrentamientos.
“No son las únicas denuncias que hemos recibido (de Suxo). Han llegado otras denuncias de funcionarios que se habrían sentido amedrentados, presionados, coaccionados y lo que corresponde, en estos casos, es remitir y acumular esos antecedentes como parte de las investigaciones dentro del proceso judicial”, dijo ayer Romero en una conferencia de prensa.
Suxo denunció que por el caso de Anapol ella y la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Gabriela Denisse Veizaga, han recibido amenazas.
Dijo que hasta su despacho le llegaron carpetas en las que hay documentos con la foto de su hijo y también fotografías de los vástagos de Veizaga.
“Yo exijo al general (Jorge) Santiesteban (comandante de la Policía) que dé una explicación sobre estas amenazas, sobre estos documentos que él está utilizando”, dijo el viernes.
Romero afirmó ayer que la denuncia de Suxo “como cualquier otra, tiene que ser procesada en el ámbito correspondiente. Tienen que acumularse en el proceso de investigación”.
Sin embargo, el fiscal Marco Antonio Rodríguez, uno de los tres que conforman la comisión que investiga el caso, dijo que no tiene conocimiento de otras denuncias de más funcionarios.
Reacciones
Agregó que la denuncia de la ministra debe ser investigada de forma separada a la que se realiza por el presunto ingreso irregular de los 54 cadetes que fueron sacados de la entidad policial.
“Esto merece una investigación; se trata de amenazas a sus hijos. Tendría que investigarse por cuerda separada”, dijo el fiscal Rodríguez, el viernes.
“El Ministerio Público debe investigar de oficio al general Santiesteban al margen del caso de los 54 cadetes. La ministra Suxo denunció de manera pública una amenaza de muerte. El caso implica al general Santiesteban”, dijo el representante del Ministerio Público.
Las denuncias de la ministra Suxo causaron repercusión en la Cámara de Diputados. La presidenta de esta instancia, Rebeca Delgado (MAS), criticó el viernes los amedrentamientos y apoyó a la titular de Transparencia.
“Lo que preocupa es que siempre que se trata de autoridades que son de género femenino se pretenda involucrar y amenazar a nuestros hijos, como presidenta de la Cámara de Diputados y con todas las diputadas expresamos nuestros sentimientos de solidaridad a la ministra”, dijo.
La asambleísta Delgado exigió además reencauzar esa investigación, “no hay otra vía que la judicial y la vía de la Fiscalía de obtener la información, lo que no puede suceder es que por algún hecho de corrupción concreto tengan que ser amedrentadas y amenazadas autoridades que en este caso son una ministra y una viceministra”.
Compromiso
Hace unos días, tras una nueva suspensión de las declaraciones de Santiesteban a la Fiscalía, el ministro Romero se comprometió a analizar las medidas legales para impedir que sigan existiendo demoras. “El Gobierno tiene que impulsar este proceso frente a quienes están obstaculizando el mismo. Vamos a pedir un criterio de los abogados para ver cómo destrabarlo, porque al trabarse queda en entredicho el propio Gobierno. Y a nosotros para nada nos interesa que eso ocurra”.
El fiscal Rodríguez aseguró que Romero puede pedir que se acelere a través del presidente de la Corte de Distrito.
“Diciendo que las recusaciones sean rechazadas. Mandar una nota para que el presidente, como máxima autoridad del Poder Judicial de La Paz, disponga que los jueces den mayor celeridad”, argumentó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario