Creyó que bastaría con esa inversión, pero estaba equivocada. Los administradores del centro de estudio también le exigieron el pago de Bs 700 para ser parte de siete seminarios, Bs 120 para el taller de egreso, Bs 400 para los certificados de notas de ocho trimestres y Bs 800 para su certificado de egreso y graduación. Con esfuerzo, pudo cumplir con estas obligaciones. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando le pidieron otros Bs 900 para su examen de grado, que le otorgaría recién el título de formación técnica superior en “secretariado ejecutivo comercial”. Ése no era el trato.
Estafa. Para colmo, quedó desempleada y no puede hasta ahora costear este último gasto. La mujer de aproximadamente 30 años apenas consigue dinero para llevarse algo a la boca y los lugares en los que solicita trabajo le exigen un título nacional. Ahorra para cumplir su meta y no se anima a denunciar lo sucedido por temor a que el establecimiento tome represalias, como sucedió en otras ocasiones, según cuenta. Ella la tiene claro: fue engañada. “Inclusive nos dieron a las estudiantes clases de inglés, pero no hay ninguna mención de ello en los certificados”.
Desde su despacho en la avenida Arce de la urbe paceña, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, comenta que el caso de Carmen lleva un rótulo: estafa, delito que el Código Penal castiga con entre uno y cinco años de cárcel y una multa de 60 a 200 días. “Eso es chantaje. Al momento en que un alumno va a inscribirse en algún instituto técnico o tecnológico, tienen que mostrarle la resolución ministerial y deben informar al interesado cuánto, en total, le costará la carrera”.
La Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez reconoce que estos centros técnicos y tecnológicos pueden ser fiscales, privados y de convenio, y otorgan títulos de capacitación, técnico medio posbachillerato y técnico superior. No hay un número oficial de los establecimientos en el territorio nacional; aunque un informe de 2011 de la Fundación para la Producción señala que hasta entonces existían 1.958. Eso sí, el Ministerio de Educación maneja que casi 130 mil estudiantes frecuentan las aulas de estas unidades educativas: 71.181 en las particulares y unas 58 mil en las públicas.
Métodos. Autoridades advierten que las ansias por acceder a una especialidad técnica, sobre todo por parte de los bachilleres que pretenden una fuente laboral, es aprovechada por institutos ilegales para embaucarlos, sobre todo los del sector privado. “Hallamos varios lugares que estafan, por eso la futura Ley de Derechos del Consumidor aborda este asunto entre privados, porque no puede existir libre albedrío, dejando en indefensión a los usuarios”, expone Sonia Brito, viceministra de Defensa del Consumidor.
De acuerdo con los entrevistados, hay varias estrategias en el rubro para engañar a la gente, las más comunes son los institutos “golondrinas”, que operan por días, semanas o meses y que desaparecen con el dinero de sus alumnos; los centros que no cuentan con la resolución ministerial para su funcionamiento o la utilizan para la promoción de otras carreras que no figuran en este permiso; los establecimientos que no extienden facturas o que no cumplen sus promesas y/o “garantizan” el ingreso a instituciones públicas; las unidades educativas que mienten con la procedencia o formación de sus docentes o que arguyen tener el aval de organizaciones públicas y privadas...
Informe La Razón halló casos en las urbes de La Paz y El Alto. Por ejemplo, al frente del Multifuncional de la Ceja alteña, en una casa de ladrillos y techo de calaminas funciona el Insatec, instituto que brinda cursos de mecatrónica y reparación de distribuidores de vehículos. En medio de una alfombra de repuestos de radios, televisores y computadoras viejas, Eddy Lazarte, uno de sus responsables, habla de que el establecimiento cuenta con más de 30 años de experiencia en los rubros de la electricidad y la electrónica.
— ¿Y tiene resolución ministerial?
— Damos certificados de la Alcaldía y de Swisscontact.
Allí, el curso de un mes para aprender los secretos de los distribuidores de autos tiene un costo de Bs 400. “El de motores vale Bs 250, hay también de alternadores y cargadores de batería, y el básico de electrónica cuesta Bs 150”, explica Lazarte, desde una sala de unos diez metros de largo por cinco de ancho, que parece más un puesto de chatarra de la Feria 16 de Julio.
Sin embargo, el encargado de Swisscontact, Matthías Nabholz, aclara que no apoya al instituto Insatec. “No me sorprende, hay estafadores que se apoyan en nombres como el nuestro para mostrarse”. Anteriormente, con el Proyecto Aire Limpio, esta entidad europea unió esfuerzos con Infocal en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; con los institutos alteños Tecnológico Don Bosco y Mejillones; con la carrera de Mecánica Automotriz de la Universidad Mayor San Andrés, y los centros de Enseñanza Técnica Automotriz y de Capacitación Profesional Nuestra Señora del Rosario, en Santa Cruz. “Actualmente no tenemos convenio ni se trabaja con algún instituto”, aclara.
Más todavía, el jefe de la Unidad de Prensa del municipio alteño, Eliser Roca, también niega cualquier relación con esta unidad de formación técnica. “No damos licencias de funcionamiento para estos establecimientos, eso corresponde al Ministerio de Educación”. Sobre el tema, el viceministro de Educación Superior, Benecio Quispe, destaca que organizaciones internacionales puedan reforzar la capacitación de técnicos, pero critica que centros educativos mientan. “Si la afirmación (del responsable del Insatec) se maneja como publicidad, no es correcto, es ilegal”, alerta el funcionario.
En el corazón de la ciudad de La Paz, el Centro Educativo Especializado en Nivelación y Exámenes de Admisión (CEENEA) ofrece instrucción para entrar a la Academia de Policías y el Colegio Militar. Más que una oferta, suena a promesa. La recepcionista del instituto asevera que los docentes de preparación física y natación son efectivos de la entidad del orden. Añade que se cuenta con un banco de preguntas “de exámenes pasados (para aspirantes a policías y militares) que es entregado al final del curso”.
Mentiras. En las instalaciones de la Universidad Policial de la zona de Miraflores, el vicerrector, coronel Freddy Machicado, indica, con firmeza, que no poseen ningún trato con centros técnicos. “El hecho de pasar estos cursos no garantiza que los postulantes vayan a ingresar directo a la Academia de Policías”, y continúa, “evidentemente están mintiendo, que la juventud no se haga sorprender (...). No tenemos conocimiento de que estuvieran involucrados policías en esos institutos, ello está fuera de lo establecido porque si los oficiales desean dictar cursos, necesariamente deben solicitar la autorización respectiva a la Universidad Policial”.
Y si de publicidad engañosa se trata, el Viceministerio de Defensa del Consumidor intervino el año pasado dos centros de enseñanza de inglés: Gold y NLC (Natural Learning Corporation). Las denuncias que arribaron al despacho de la viceministra Brito apuntaron a que ambos “prometían” el aprendizaje de la lengua extranjera en un plazo determinado, pero los resultados distaban de ello.
Otro modus operandi de estafa son los institutos “fantasmas” y/o “golondrinas”, que aparecen, desaparecen o se trasladan después de cometer sus fraudes. Al respecto, la presidenta de la Asociación Nacional de Institutos, Academias y Centros de Formación y Capacitación Técnica, Elizabeth Arandia, maneja que en el territorio nacional existen más de 400 establecimientos de formación superior técnica y tecnológica, contando a los “fantasmas”. “No sabemos cuántos son, hay algunos que aparecen un día y después desaparecen. El Ministerio de Educación debe tener más personal para realizar la investigación”.
El ministro Aguilar confirma la existencia de estos institutos, que abren uno o dos meses y luego cierran. “Ésos son los falsos, que cobran y cobran. Ahí tiene que actuar la Policía, mediante el Ministerio Público, que debe reunir a los denunciantes y realizar una acción contra la persona que estafó”. Sin embargo, Javier Monasterios, fiscal adscrito a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, afirma que la Policía no ha recibido casos de esta índole y adelanta que si llegan, los agentes procederán de inmediato con las averiguaciones.
La estrategia empleada por los delincuentes, arguyen las fuentes entrevistadas, es la siguiente: primero alquilan ambientes para el funcionamiento de un instituto que no cuenta con resolución ministerial y se convoca a la inscripción de estudiantes mediante carteles y volantes repartidos por las calles. A la par, se oferta jugosos ingresos económicos para las personas que logran la adhesión de alumnos, a las cuales se brinda un taller de capacitación, previa cancelación de un monto de dinero.
Los estudiantes inscritos pagan la matrícula y la primera mensualidad, inclusive hay descuentos por la cancelación de todo el curso. Y al final, los malhechores vacían las oficinas y se esfuman con todo lo recaudado.
El programa radial Soy trabajadora del hogar con orgullo y dignidad realizó hace dos años un reportaje sobre institutos particulares que engañaban a jóvenes en la ciudad de El Alto. “Denunciamos que ofrecían cursos gratuitos de computación, dactilografía y otras carreras, pero solamente una de éstas tenía resolución ministerial.
Otros brindaban clases gratuitas; sin embargo, a cambio, los muchachos debían comercializar productos y después acababan endeudados”, relata Yolanda Mamani, una de las conductoras.
El Alto es la urbe que más denuncias tiene contra centros privados de formación técnica y tecnológica, revela la viceministra Brito. “En la ciudad de La Paz hemos atendido sólo dos irregularidades, pero en El Alto hay muchas de estas entidades ilícitas que, por ejemplo, sacan la licencia de la Alcaldía para atender un local comercial y abren un instituto. El viceministro Quispe complementa que en diciembre del año pasado llegó a su despacho el caso de un establecimiento técnico que contaba con resolución ministerial para el rubro de finanzas, empero, no para impartir enseñanzas.
El Ministerio de Educación envió a Informe La Razón una nómina con 13 institutos que fueron castigados con la resolución de revocatoria de autorización de funcionamiento o de las carreras que ofertaban, y que fueron clausurados. Dos son de La Paz; otro par operaba en esta urbe y El Alto; uno en La Paz, El Alto y Cochabamba; dos en Cochabamba; uno en Oruro; dos en Potosí; uno en Santa Cruz, otro en Sucre y el último en Beni (puede leer los nombres de los centros en las páginas 8 y 9). La Dirección de Educación en Cochabamba informa que los sancionados son el Instituto Tecnológico del Valle, el ILT, el Filadelfia y el NLC.
Las fuentes advierten que si bien algunos establecimientos ofertan matrículas y mensualidades baratas para atraer a los estudiantes, la clave de su negocio está en el “pago extra” por otras asignaturas o cursos de capacitación obligatorios, como pasó con Carmen Pérez, la protagonista de la historia con la que se inició este reportaje. Así, es común que en el menú aparezcan textos, policopiados, libros de los docentes, seminarios, talleres, legalización de certificados… Para evitar estas contravenciones, las autoridades educativas recomiendan la firma de un convenio al momento de la inscripción que determine el costo total de la formación técnica.
Por ejemplo, en el Instituto Europeo de Estudios de La Paz la carrera de Diseño Gráfico involucra la compra de un programa, que cuesta Bs 30, y la cancelación de Bs 90 para la participación en un taller. Estos requisitos no están permitidos, de acuerdo con el ministro Aguilar y el viceministro Quispe, porque tanto talleres como seminarios son “optativos y voluntarios”; ante esto, invitan a los perjudicados a entablar denuncias en el Ministerio de Educación o al número gratuito 800-10-0050.
Pero eso no es todo. Generalmente estas “exigencias adicionales”, más todavía la labor de un grupo de institutos, no son acompañados por las facturas.
Es decir, hay centros técnicos y tecnológicos que evaden las normas del Servicio de Impuestos Nacionales, que dictan que las entidades privadas que prestan servicios de educación —sean escuelas, colegios, institutos y universidades— tienen que estar inscritos en el padrón nacional y en el régimen general, emitir facturas y colocar su Número de Identificación Tributaria (NIT) en un lugar visible. El ministro Aguilar sostiene que así como los interesados en estudiar una rama técnica deben exigir la resolución ministerial a los administradores de las unidades educativas que brindan esta formación, deben demandar la factura de sus pagos.
Facturas. El Servicio de Impuestos Nacionales informa que en los últimos meses realizó tres intervenciones por contravenciones en el rubro al Instituto Politécnico Tomás Katari, de la ciudad de Sucre, y a los institutos de Dactilografía 10 de Febrero y de Formación Superior Intercultural Khana Marka, en la urbe de Oruro. “Pero no fueron clausurados porque de acuerdo con el artículo 170 del Código Tributario éstos pueden convertir (convertibilidad) tantas veces quieran; es decir, pagan el monto de lo no facturado multiplicado por diez como multa”, señala la institución recaudadora mediante un correo remitido a Informe La Razón.
Más allá de la lista de los 13 institutos que fueron sancionados el año pasado, Aguilar comenta que al menos 25 establecimientos que funcionaban ilegalmente en el país fueron clausurados y casi cuatro decenas deben regularizar su situación porque operaban con carreras que no contaban con la resolución ministerial. “En total unos 65 institutos tenían ofertas irregulares”. Asimismo, se supo que el Ministerio de Educación sigue juicios a cuatro centros de educación técnica y tecnológica. Al final, la moraleja apunta a que si se trata de institutos, más vale tomar recaudos y no dejarse llevar por ofertas que pueden tener a la estafa tras bambalinas.
Los siete derechos mundiales de los consumidores
En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Protección al Consumidor, ocasión en la que se logró el reconocimiento internacional de siete derechos básicos.
Derecho a la información: la publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la información de los bienes y servicios que nos ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que podamos elegir sabiendo qué compramos.
Derecho a elegir: al decidirnos por un producto o servicio, nadie puede presionarnos, condicionarnos la venta a cambio de comprar algo que no queremos, o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato.
Derecho a no ser discriminado: al comprar un producto o contratar un servicio, no pueden negarlo, discriminarnos o tratarnos mal por nuestro sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, o por tener alguna discapacidad.
Derecho a la protección: podemos ser defendidos por las autoridades y exigir la aplicación de las leyes; también organizarnos con otros consumidores. Si un proveedor no respeta nuestros derechos, podemos acudir a las autoridades (en Bolivia, al Viceministerio de Defensa del Consumidor).
Derecho a la educación: debemos recibir educación en materia de consumo, conocer derechos y saber de qué forma nos protege la ley, así como organizarnos con familiares o vecinos.
Derecho a la seguridad y calidad: los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad. Los instructivos deben incluir advertencias necesarias y explicar el uso recomendado de los productos.
Derecho a la compensación: si los proveedores no cumplen lo que prometen, tenemos derecho a que nos compensen, ya sea devolviendo el dinero,
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