Centenares de docentes, administradores y algunos rectores de cinco universidades públicas del país están siendo procesados por la Contraloría General del Estado al haberse encontrado indicios de responsabilidad civil, por la indebida recepción de remuneraciones igual o por encima del salario que recibe el presidente de Bs 15.000, constituyendo daño económico al Estado.
Las universidades que son parte de los informes de auditoría instaurados por la Contraloría son: la UMSA con Bs 16 millones, UPEA con Bs 582.000, Universidad de San Simón con Bs 12 millones, San Francisco Xavier con Bs 53.125 y Juan Misael Saracho de Tarija con Bs 414.298. La cifra asciende a Bs 30,2 millones, según dijo a EL DIARIO el subcontralor de Autonomías Constitucionales, Marco Apaza.
Destacó que en algunos casos, como ocurrió en la Universidad de Sucre, los beneficiarios de estos recursos procedieron a su devolución a fin de evitar el proceso coactivo. “Depende de los involucrados, si realmente reconocen y están conscientes de que han hecho un cobro que no corresponde, de acuerdo a ley, algunos si han procedido con la devolución para evitar el juicio coactivo”, sostuvo.
La Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés señaló a EL DIARIO que las acciones que está ejerciendo la Contraloría General del Estado en contra de docentes y administrativos al iniciarles procesos coactivos por supuestos cobros de sueldos y otros beneficios, es un atentado a la Autonomía Universitaria, “el Gobierno busca cualquier excusa para pisotearla”, dijo.
En Cochabamba el gerente regional de la Contraloría, David Barriga, anunció el lunes que en abril se iniciarán procesos coactivos contra las autoridades y docentes de la Universidad Mayor de San Simón que cobraron sueldos superiores a Bs 15.000, según un reporte de la agencia ABI.
La autoridad aclaró que en ninguna circunstancia se busca atentar contra la autonomía universitaria. Sostuvo que “el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, dejando en claro que las universidades al igual que otras entidades del Estado están sometidas a la Ley SAFCO” y que por tanto están obligadas a cumplir con estas disposiciones legales.
El Presupuesto General de la Nación del 2008 en su Capítulo Segundo, Artículo 3, se refiere a este mismo tema en el parágrafo noveno que señala textualmente: “Para los funcionarios que trabajan en el sistema Universitario Público y que cumplan funciones de docencia y administración, el total de su remuneración mensual por ambos conceptos, incluidos los beneficios colaterales en ningún caso debe ser igual o superior a la percibida por el Presidente de la República, independientemente de la fuente de financiamiento, tipología de contrato, modalidad de pago y del grupo de gasto para su ejecución”.
El presupuesto General de la Nación del 2007 señala también en su artículo tercero que “ningún servidor comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales, podrá tener una remuneración mensual percibida superior o igual a la establecida para el Presidente de la República”.
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