Un inusitado panorama se presentó la noche del 27 de abril de 2012 en las afueras de la Academia Nacional de Policías (Anapol) cuando entre llanto y gritos, familiares de 54 cadetes que habían sido expulsados los recibían en la calle con abrazos y reclamos.
Días antes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, había ordenado que los 54 jóvenes dejen la institución luego de que se reveló, a través de una serie de notas publicadas por Página Siete, que la incorporación fue irregular.
A un año, el proceso no avanza debido a que el ex comandante general de Policía Jorge Santiesteban ha presentado recursos que derivaron incluso en que la comisión de fiscales que investiga el caso fue cambiada. Su defensa asegura que se dañó la imagen del ex jefe policial.
Los jóvenes habían ingresado supuestamente a través de un programa que beneficiaba a bachilleres interculturales, pero de esto no tenía conocimiento la instancia máxima que controlaba el proceso, aunque la autorización llevaba la firma de Santiesteban, comandante en ese entonces.
“Era una pesadilla para mí ver a mi hijo salir de la Anapol expulsado, si él siempre ha sido inocente de todo esto”, dijo una madre.
A partir de ese hecho comenzó una investigación que tocó altas esferas de la Policía.
Los primeros en caer fueron el entonces rector de la Universidad Policial (Unipol), coronel José Piérola, y el director de la Anapol, coronel Marco Ortuño.
La justicia determinó detención domiciliaria de ambos oficiales por ser responsables del ingreso; sin embargo, en febrero de este año recuperaron su libertad tras pagar una fianza y tienen la opción de volver a sus labores policiales.
El argumento que ambos sostuvieron en su defensa fue que cumplieron órdenes superiores.
La resolución que instruyó el ingreso de los 54 bachilleres a la Anapol está firmada por Santiesteban. Informa que si bien los jóvenes no aprobaron el examen teórico ni el físico se benefician por un programa de bachilleres interculturales.
En las investigaciones se conocieron denuncias de que los padres pagaron entre 5.000 y 10.000 dólares para garantizar que sus hijos sean incorporados, pero esto no se llegó a comprobar.
Santiesteban
De abril a junio de 2012, Santiesteban fue convocado a declarar siete veces ante la comisión de fiscales, pero su defensa presentó recursos para suspender las audiencias.
En junio de 2012 fue imputado por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias; sin embargo, una secuencia de recusaciones y denuncias contra los fiscales Aldo Ortiz y Marco Antonio Rodríguez hizo que hasta la fecha no se instale la audiencia de medidas cautelares.
Ortiz tiene en su contra un proceso por incumplimiento de deberes que le inició uno de los implicados en el caso. Además, luego de una recusación de Santiesteban contra la comisión, el fiscal de Distrito José Ponce decidió cambiarla, en diciembre de 2012.
Edwin Sarmiento y Milene Villalba estuvieron a cargo de la pesquisa hasta marzo de 2013. No obstante, en la reestructuración de la Fiscalía, ambos fueron removidos y los fiscales Fernando Cabrera y Marlene Villalta asumieron la responsabilidad, pero el cuaderno de investigaciones no llegó hasta la fecha a sus manos, por lo que el caso se encuentra paralizado.
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