jueves, 13 de marzo de 2014

El 70 por ciento de los becarios de la UMSS reprueba el primer año de estudio

El bajo rendimiento de los bachilleres que se benefician con el Programa de Becas Individuales (PBI) en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) ha preocupado a las autoridades universitarias, representantes de las organizaciones sociales y de la Gobernación, que son las instancias responsables en lo económico y académico de este grupo.

Son alrededor de mil estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio que desde el 2004 -solo en Cochabamba- tienen la oportunidad de ingresar de manera gratuita a la universidad sin vencer los exámenes de ingreso, gozar de un seguro médico y alimentación.

El programa, creado por la Ley 2563 el 2 de diciembre de 2003, tiene por objetivo garantizar la formación académica de los bachilleres de escasos recursos económicos provenientes de las 16 provincias. Las becas son otorgadas por la Universidad y la Gobernación para asegurar el ingreso directo a alguna carrera universitaria.

El directorio encargado de recibir las postulaciones está conformado por la Federación de Regantes de Cochabamba (Fedecor), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), la Central Obrera Departamental (COD), la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” y las Seis Federaciones del Trópico.

El máximo número de bachilleres que puede acceder a estas becas son mil, por lo que cada organización tiene la posibilidad de realizar 200 solicitudes.

DIAGNÓSTICO El secretario general de la UMSS, Rolando López, que además es docente de primeros años, informó que el 70 por ciento de los becarios de las provincias repite el primer semestre o primer año de su carrera, según la modalidad de estudio. A esto se suma que el índice de deserción es del 30 por ciento , es decir que son los bachilleres que se inscriben y no van a pasar clases.

Sin embargo, los datos de un estudio que se realizó desde la Facultad de Humanidades de la Universidad entre el 2009 y 2013, muestran que en 2009 el número de reprobados es del 68 por ciento , este porcentaje fue bajando hasta llegar el 2013 a 59 por ciento .

Para López, el programa no garantiza la calidad académica y esto se debe a que muchas veces, los estudiantes, no tienen decidido con claridad la carrera que quieren estudiar, por lo que abandonan los estudios o intentan los traspasos.

Observó la convocatoria del PBI que se realiza cada año y donde las exigencias son mínimas.

“Ni siquiera les piden buenas notas y en la Universidad esto muestra que la educación está fallando desde el colegio. Los cambios en las leyes de educación han ido generando una baja considerable”, manifestó.

Otro dato de la Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil (DUBE) da cuenta que el 30 por ciento de los postulantes opta por la carrera de Auditoría, ahora Contaduría Pública. Los mayores porcentajes de demanda también están en la carrera de Derecho y la Facultad de Ciencias y Tecnología.

OTROS DATOS Por su parte, el funcionario de Desarrollo Humano de la Gobernación Valentín de la Rocha, que realiza el seguimiento a este programa, explicó que entre el 2004 y 2009 se realizó un estudio en la Facultad de Humanidades sobre el PBI, antes PAE (Programa de Admisión Extraordinaria). De los resultados de 2004 se obtiene que de 555 estudiantes inscritos concluyeron su plan de estudios 85 (15 por ciento ), abandonaron la carrera 233 (42 por ciento ), permanecieron en la carrera 230 (41 por ciento ) y cambiaron de carrera 7 estudiantes (1.2 por ciento ).

Otro diagnóstico mostró que el 2012 hubo una mejoría en cuanto a la aprobación, pero la deserción sigue siendo alta.

La secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, Celima Torrico, dijo que es necesario analizar el porqué del bajo rendimiento y buscar soluciones, pero que no vulneren los derechos de los estudiantes. Observó que en una gestión se intentó que los postulantes que fueron admitidos pasen un curso de nivelación diferenciado con el resto de sus compañeros. Para Torrico esto se podría considerar discriminación porque son estigmatizados.

PRESUPUESTO El presupuesto para el PAE, ahora PBI, provenía de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y cubría los gastos tanto de la admisión como del seguro y del comedor universitario.

Con el paso de los años sufrió una modificación y la Gobernación junto con la UMSS se encargan de cubrir los gastos.

Este año, la Gobernación tiene previsto disponer de un millón 130 mil bolivianos que cubre el pago de la matrícula y el seguro de los cerca de mil bachilleres y el comedor universitario para 200.

Datos.

Para Cochabamba

Durante el gobierno de Carlos Mesa, el senador Marcelo Aramayo presentó un proyecto de ley para apoyar a los estudiantes de las provincias del departamento de Cochabamba con bajos recursos económicos y buen rendimiento académico. El 2 de diciembre de 2003, la norma fue aprobada y solo es aplicable a la Universidad Mayor de San Simón.

Programas

La Universidad pública cuenta con dos programas, uno es el Programa de Becas Individuales y el otro es para los mejores estudiantes de las diferentes unidades educativas del departamento, a quienes se les permite el ingreso directo a la carrera que elijan.

Procedimiento

La Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil administra el programa en base a una convocatoria que aprueba el directorio conformado por el rector y cinco organizaciones sociales. Recibe los folders que cada organización, se convoca a una comisión revisora y se emite la lista para aprobarla.

Hay 923 bachilleres aceptados

Este año fueron aceptados 923 postulantes de 1.097 que se presentaron. Los rechazados, según el jefe del departamento de Apoyo Psicopedagógico y Convenios Interinstitucionales de la UMSS, Neyer Zapata, no presentaron su documentación completa, venían de colegios particulares, entre otros.

Recordó que en un caso se pudo detectar que uno se presentó con toda la documentación como agricultor para beneficiarse con la beca, en realidad era un abogado. Esto se pudo verificar después de hacer una investigación.

El representante de la COD Víctor Sánchez reclamó porqué se hicieron observaciones a 60 estudiantes sin tomar en cuenta que no presentaron algunos requisitos como la legalización de las libretas, debido a que la distrital de la Dirección Departamental de Educación no pudo emitir los documentos. A esto se suman los documentos de identidad.

Cuestionó que hay 66 becarios demás y “no sabemos de dónde salieron”. Ante esta situación interpondrán una denuncia en Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Zapata negó estas acusaciones.

Ley instruye a directorio velar por la transparencia, el seguimiento y control social de las becas del PBI

La secretaria departamental de Desarrollo Humano de la Gobernación, Celima Torrico, recordó que el año pasado se registraron casos donde los jóvenes después de ser admitidos “desaparecieron”, se fueron al cuartel y a su retorno quisieron continuar sus estudios, lo que perjudicó a los otros bachilleres que realizaron su postulación.

Torrico explicó que a la Gobernación le interesa hacer un seguimiento ya que hay una inversión considerable de recursos y en el caso de la Universidad, en términos académicos.

Según la ley, también existe un directorio presidido por el rector para velar por la transparencia, seguimiento y control social del programa de becas.

El directorio está conformado por la Federación de Regantes de Cochabamba (Fedecor), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), la Central Obrera Departamental (COD), la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” y las Seis Federaciones del Trópico.

El representante de la COD Víctor Sánchez reconoció que al haber cambios en la dirigencia sindical cada dos años, el seguimiento se dificulta, sin embargo, desde este año se cumplirá con la normativa legal.

Recordó que en los formularios existe un acápite donde le piden al postulante que responda sobre lo que piensa de la Universidad y cómo llevará adelante sus estudios. Dijo también que existía el compromiso del anterior responsable de la UMSS de este programa para presentar un estudio general sobre la situación de los estudiantes, pero con los cambios internos, esto no fue posible.

La nota mínima para el ingreso es de 45 puntos en el eje de la conurbación, es decir los municipios de Sacaba, Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Sipe Sipe, Vinto y Tiquipaya. Para el resto de los municipios el promedio de la calificación de los bachilleres no podrá ser inferior a 40 puntos. El promedio de calificación es de los tres últimos cursos de secundaria.

Estudiantes expuestos a cobros irregulares y presiones

Los postulantes de provincia a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) están expuestos a una serie de presiones políticas, económicas y sociales.

Las dificultades comienzan con la presentación de los documentos donde pueden ser víctimas de cobros irregulares por el trámite y continúan hasta la adaptación a la vida universitaria.

El secretario general de la UMSS, Rolando López, explicó que en los últimos años se detectó tráfico de influencias en las postulaciones y que los admitidos no necesariamente eran de escasos recursos o de sectores populares.

El representante de la Central Obrera Departamental (COD) Víctor Sánchez dijo que no se detectaron casos de favoritismo y se desconoce si existieron pagos de los bachilleres para ser admitidos.

Recordó que se aceptó la postulación de algunos becarios del Comité Cívico de Vinto, el mes de diciembre, con el objetivo de permitir el ingreso de los bachilleres y evitar problemas.

Pese a esto, protagonizaron una huelga de hambre en instalaciones del Rectorado de la UMSS exigiendo su participación en el directorio como lo hacen otras organizaciones sociales.

La convocatoria a las becas refiere que en caso de verificarse o detectarse pagos, falsificaciones, adulteraciones, recomendaciones de tipo político y/o administrativo u otros aspectos irregulares, el postulante será automáticamente eliminado, sin perjuicio de iniciar acciones legales.

PROPUESTA Para López, al no dar un examen de ingreso y acudir a las organizaciones sociales, no se garantiza una calidad académica. Considera que debe haber un examen de ingreso y trabajar con una tabla de ponderación para medir la capacidad.

“Es injusto que unos entren con examen y otros no, pero deben considerarse variables como los recursos económicos y si son de provincia o de la ciudad”, indicó.

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