Tres demandas de los dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) son imposibles de atender porque dos decretos nacionales restringen las inversiones ejecutadas con recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).
Se trata de los decretos supremos 0181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y del 1321 de Reglamentos y Normas Universitarias.
El primero, establece que la custodia de los activos fijos, muebles, inmuebles, corresponde solo a los servidores públicos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
Por lo tanto, sería ilegal atender a las solicitudes de equipamiento de los centros estudiantiles y de la guardería universitaria porque no se considera a los alumnos como servidores públicos.
Los bienes que sean adquiridos por la UMSS no pueden ser asignados al gremio estudiantil, afirmó categóricamente el director de la Unidad de Planificación Proyectos y Sistemas (UPPS), Alfredo Pericón.
Explicó que el sistema nacional es único para todas las instituciones que reciben recursos del IDH y no existe un tratamiento diferenciado para las universidades públicas.
La solicitud estudiantil de que los diplomas académicos y títulos en provisión nacional no tengan costo es imposible, porque el DS 1321 señala que solo el 2 por ciento del IDH debe ser destinado a las acreditaciones.
Pericón añadió que los beneficiarios, según la norma, son todos los estudiantes que se gradúan por la modalidad de excelencia académica y en el tiempo determinado.
El Consejo Universitario no tiene competencia para tratar las tres exigencias, concluyó el profesional.
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