Contraloría del Estado investiga compra de mobiliario en UAJMS

La Contraloría General del Estado investiga la compra de mobiliario en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). En esa adquisición se empleó más de 50 mil bolivianos. Por tal motivo, se emitió un informe preliminar con indicios de responsabilidad civil.

La gerente departamental de la Contraloría, Carmen Rosa Ortiz Cedezo, comunicó que se observaron dos puntos: uno por incumplimiento de contrato de la empresa, y el segundo por falta de ejecución de las boletas de la garantía. La investigación fue iniciada el año pasado.
La autoridad no quiso revelar el nombre de la empresa y de actuales funcionarios de esa casa de estudios superiores, mismos que encuentran involucrados en ese asunto. Explicó que no se quiere entorpecer la investigación.
Al mismo tiempo, informó que los implicados ya presentaron los descargos correspondientes, de tal manera se procedió a emitir un informe complementario, y en la actualidad se encuentra en la etapa de notificación. Por lo que ahora corresponde al Juzgado Coactivo continuar con el proceso de investigación.
“Nosotros como Contraloría sólo haremos el seguimiento necesario, eso hasta que se pueda dictaminar la sentencia a los que se encuentran implicados en ese hecho”, concluyó la autoridad.

Otras denuncias
Se estima que al año, la UAJMS maneja un monto que sobrepasa los 34 millones de bolivianos, eso por transferencia de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH), de los que no se realizó la rendición de cuentas. De ahí la proliferación de denuncias de supuestas irregularidades y peleas internas que ha convertido en un campo de batalla a esa institución.
Entre las últimas denuncias realizadas en esta gestión por el Frente Puede de aquel entonces, estuvo la aprobación del desembolso de 30 mil bolivianos, “fondos destinados para cancelación al local Palo Santo y el servicio de amplificación”, que fue requerida por la Federación Universitaria Local (FUL).
Otro hecho que observaron los universitarios es que el dinero se desembolsaba a simple solicitud. Tal es el caso en el que se solicitó el pago 20.000 bolivianos para la “Confección de poleras”. En esa ocasión, los estudiantes denunciaron que el Rector y el responsable de la Secretaría de Finanzas de esa casa de estudios superiores eran cómplices de las malversaciones y otro tipo de irregularidades.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez, manifestó que no es su competencia intervenir en las universidades, explicó que es la ciudadanía la que podría pedir una rendición de cuentas transparentes.
Argumentó que esa institución es autónoma, “el poder interferir sería una falta de respeto institucional”. Pero especificó que la única que tiene competencia en realizar auditorías e intervenir, es la Contraloría General del Estado.
Ortiz aseguró que hasta la fecha no recibieron denuncias sobre alguna irregularidad o malversación de fondos. Aclaró que si se presentara alguna acusación, en lo que queda del año, recién se las podría tratar en el año 2016. Eso porque el Plan Operativo Anual de 2014 y 2015 contempla otras auditorías.
También dijo que para poder iniciar un seguimiento, se tiene que realizar una evaluación o relevamiento, que permita verificar la documentación presentada, para recién poder actuar como entidad reguladora.

Juzgado coactivo continuará investigación

La gerente departamental de la Contraloría General del Estado, Carmen Rosa Ortiz Cedezo, manifestó que el equipamiento en la Facultad de Ciencias y Tecnología consistía en la compra de sillones, mesas, pupitres, estantes, entre otros.
Ortiz indicó que se emitió un dictamen, “tal cual como lo especifica la ley” para que pase al Juzgado Coactivo. Especificó que es el juez quien debe continuar con las acciones judiciales correspondientes.