El conflicto universitario que ha paralizado por más de 40 días a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), también tiene un alto costo económico. Se estima que la universidad debe erogar al menos 35 millones de bolivianos para cubrir los salarios de un mes de docentes, aún sin que hayan trabajado.
El rector de la UMSS, Waldo Jiménez, manifestó que el 55 por ciento del presupuesto de la universidad que asciende a 1.031 millones de bolivianos se destina a cubrir los salarios.
Después de que el contralor David Barriga declaró que todo el accionar de la universidad es auditable y se puede investigar el proceso de contratación de docentes extraordinarios, incluida la Resolución 01/2015, el secretario General de la UMSS, Rolando López, señaló que sí se puede hacer una auditoría. Sin embargo, cree que no se encontrará nada irregular. “La Contraloría debe saber que la Resolución 01/15 ha sido aprobada en el marco de las normas del Estatuto Orgánico de la universidad.
Parece una amenaza, porque con la Ley Financial no existe daño económico al Estado, porque titulares y extraordinarios ganan lo mismo. Yo no creo que una auditoría detecte irregularidades”, dijo.
El dirigente de la Federación Universitaria Docente (FUD), Juan Ríos, afirmó que no corresponde que la Contraloría realice una auditoría, porque no existe malversación de fondos, ni daño económico al Estado.
El dirigente estudiantil, Marcelo Arévalo, dijo que la Contraloría debía actuar de oficio porque a su juicio se están malversando recursos del Estado.
Por segundo día consecutivo, docentes de las facultades de Humanidades, Arquitectura y Tecnología marcharon alrededor de la UMSS exigiendo volver a clases. Aunque, muchos llevaban el barbijo como signo de silencio, los universitarios los abuchearon e insultaron. Otros se mofaron disfrazados de burros.
Asamblea ve vulneración
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos considera que la Resolución 01/15 que titulariza docentes extraordinarios sin examen de competencia vulnera el derecho universal a una educación de calidad. La institución anunció que presentará una queja ante la Federación Interamericana de Derechos Humanos.
“Hay una vulneración de varios derechos humanos en todo el conflicto universitario. La Constitución Política del Estado define el derecho a recibir una educación calificada, en ese sentido creemos que los docentes deben someterse a un examen de competencia para no vulnerar este derecho”, dijo el representante de la Asamblea, Samuel Carvallo. Explicó que también se han vulnerado los derechos del dirigente de la FUL, Jarlin Coca por lo que se determinó apoyarlo con la asignación de un abogado. Derechos Humanos también instalará una denuncia en contra de la Policía por el uso de violencia. “En los enfrentamientos, la Policía hizo un uso excesivo de la fuerza. En el primer enfrentamiento 40 estudiantes fueron detenidos”, indicó.
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