La Policía fue notificada ayer para que haga cumplir el amparo constitucional, que autoriza abrir las puertas del campus central de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
El fallo fue dado el pasado jueves y los dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) tenían hasta el viernes para abrir las puertas de manera voluntaria, pero como no lo hicieron ahora se procederá con ayuda de la fuerza pública.
Mientras los dirigentes de la FUL anuncian resistencia, el dirigente de la Federación Universitaria de Docentes (FUD) Juan Ríos señaló que no se debería recurrir al ejercicio de la fuerza, sino seguir con las acciones legales. El abogado de la parte demandante (estudiantes y docentes de la Facultad de Economía) César Cabrera, informó que en el transcurso de la mañana de ayer el notario de Fe Pública Mirael Villarroel dio a conocer unas fotografías que constatan que las puertas de la UMSS continúan cerradas, a pesar del fallo constitucional. Las mismas fueron adjuntadas a un informe que se envió al Tribunal de Justicia para que se encargue de gestionar el apoyo de la fuerza pública para abrirlas.
La notificación al Comando Departamental de la Policía llegó en horas de la tarde de ayer, detalló Cabrera.
Señaló que la intervención policial podría darse en el transcurso de esta jornada.
El asesor legal de la UMSS Roberto Gutiérrez dijo que el viernes pasado se tenía que cumplir el amparo, sin embargo “la dirigencia universitaria está reacia a la conciliación”.
NO SABEN La dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) Marcia Torrico informó que aún no han sido notificados, sin embargo en caso de que la intervención policial suceda van a “resistir, denunciar y llamar a la población para que no permita que se viole la autonomía universitaria”.
Datos.
Acción penal
El asesor legal de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Roberto Gutiérrez indicó que ya se está llevando adelante un proceso penal por el delito de desobediencia a un amparo constitucional en contra de cuatro dirigentes universitarios: Alejandro Mostajo, Marcia Torrico, Jarlin Coca y Rocío Rodríguez.
El accionar de los dirigentes, desde el punto de vista legal, “amerita cárcel”, explicó Gutiérrez. La privación de libertad va de uno a tres años, estimó el dirigente de la Federación Universitaria de Docentes (FUD) Juan Ríos.
Resolución 3/2015
Establece la titularización de docentes extraordinarios antiguos que se sometieron a procesos similares al de admisión para dar cátedra. La normativa es rechazada por la Federación Universitaria Local (FUL), pese a que fue elaborada en sustitución de la anulada resolución 01/2015.
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