Cuando el conflicto en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) ya ha superado el segundo mes de vigencia, su rector Waldo Jiménez está a la espera de que la Policía Departamental intervenga las cinco facultades tomadas por la Federación Universitaria Local (FUL) que se opone a la titularización de docentes sin exámenes de competencia.
La Sala de Familia Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dispuso "la apertura inmediata de las puertas de ingreso de la UMSS de los demandados, permitiendo el ingreso y normal desarrollo de las actividades laborales y académicas; con intervención de un Notario de Fe Pública y la ayuda de la fuerza pública si fuera necesario”.
El "conflicto político” paralizó a la mitad de la universidad, que cuenta con 11 facultades. Seis están pasando clases con "normalidad” y cinco están paralizadas, mientras que cuatro personas mantienen una huelga de hambre, informó la autoridad a la ANF.
Se espera que esta semana se restablezca la plena normalidad en la institución. De una totalidad de 1.700 docentes, 1.200 son extraordinarios, un incremento que "ya es insostenible” y que se ha generado desde 2007, cuando se decidió que no haya selección, evaluación y admisión de docentes mediante exámenes de competencia.
El Consejo Universitario, máxima instancia de cogobierno, conformada por los docentes y universitarios, aprobó tres resoluciones que han planteado modificaciones al proceso de titularización, lo cual puede ser entendido como concesiones a la parte estudiantil.
Pese a ello la dirigencia universitaria ha rechazado todas y ha mantenido las medidas de presión. La primera resolución establece la titularización después del proceso de convocatoria y para quienes tengan un año de antigüedad; la otra resolución señala que los docentes que tenga cinco años de antigüedad serán reconocidos como titulares; la última que plantea un proceso de evaluación periódica y continua de los docentes.
Se añade que en el segundo semestre se abre el proceso de selección para ser titular de la universidad.
El rector manifestó que se ha "rebasado los límites de la tolerancia” en este conflicto, por lo que justificó una intervención policial, la que en su criterio no es violatoria de la autonomía universitaria. Hasta la fecha, se calcula un daño económico de cuatro millones de bolivianos que no ingresaron por la venta de valores. Además se procedió al pago de los sueldos a docentes y administrativos pese a que no trabajaron. La planilla mensual alcanza a poco más de 30 millones de bolivianos.
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