La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) cumple el lunes tres meses de paro estudiantil sin que se vislumbre una solución inmediata para superar la crisis académica, institucional y administrativa, después que el Consejo Universitario resolviera el 7 de abril titular a 1.300 docentes extraordinarios por homologación.
El representante del Defensor del Pueblo, Andrés Cuevas, lamentó que la crisis en la UMSS persista porque cada grupo sigue enfrascado en su postura e intereses políticos. “La racionalidad, moral y ética no funcionó, por lo que habría que pensar en una salida política”, dijo.
Según analistas políticos que escribieron sobre el tema, el fondo de la crisis en la UMSS corresponde a una pugna por el “poder total” en un contexto en el que se acercan las elecciones a Rector, algunas decanaturas y a la Federación Universitaria Local (FUL).
“Hasta ahora ningún sector se inmuta del problema, pero están buscando paliativos como el amparo y los espacios alternativos para pasar clases que no van al fondo del asunto y representan salidas temporales”, reprochó.
El ejecutivo de la FUL, Alejandro Mostajo, aseguró que este conflicto sirvió para destapar toda la decadencia en la que se encuentra sumida la UMSS. Resaltó que como estudiantes lograron el apoyo de la población y de las altas autoridades de Gobierno en su pedido que los docentes den examen para ser titulares y no busquen la homologación.
“Esta crisis debe servir para reestructurar la universidad definitivamente, porque si no hay un cambio radical los conflictos van a seguir cada año, porque la vieja estructura de poder no responde a la actualidad de la universidad”, afirmó.
Los analistas coincidieron en afirmar que esta crisis se generó como responsabilidad en las decisiones del cogobierno, docente- estudiantil, que ahora debe ser la instancia que dé las soluciones en el marco de la legalidad y normas universitarias.
Entretanto, los esfuerzos por generar espacios de diálogo entre los sectores en conflicto por parte del Defensor del Pueblo, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y otras reuniones informales fracasaron.
Cuevas resaltó que este momento es importante para que la UMSS “de lo malo, logre sacar algo bueno”, pero dejando de lado los intereses políticos porque no miden las consecuencias del daño que se ocasiona a la universidad, los estudiantes y la comunidad.
Ayer, estudiantes de la FUL cerraron los nueve puntos de la malla perimetral del campus central, que la madrugada del jueves fueron cortados por personas desconocidas.
ACCIONES QUE SE TOMAN EN MEDIO DEL CONFLICTO UNIVERSITARIO
Tapan 9 lugares afectados por cortes
Después de una asamblea estudiantil realizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, dirigida por los ejecutivos de la Federación Universitaria Local (FUL), Jarlin Coca y Alejandro Mostajo, los estudiantes afines cubrieron los nueve puntos del campus central donde se extrajeron las mallas de seguridad la madrugada del jueves.
Para ello, los universitarios buscaron palos, alambres de púas, mallas desechas y verjas que se quitaron del antiguo ingreso a la UMSS.
Para el lunes próximo, se prevé realizar nuevas asambleas que tomen otro tipo de determinaciones.
Citan a declarar a dirigentes de la FUL
Luego de que el Sindicato de Trabajadores Administrativos presentó una querella por desobediencia del Amparo Constitucional que dispone la apertura de las puertas de la UMSS, la Fiscalía citó a declarar a los dirigentes de la FUL: Jarlin Coca, Alejandro Mostajo, Miguel Coca, Marcia Torrico, Rocío Rodríguez y Marcelo Arévalo por desacato.
La asesora legal de los trabajadores administrativos, Victoria Ballón, informó que además se notificó a la Policía para que explique por qué incumplió el fallo. Anunció también una querella contra el Comandante Departamental de la Policía.
Piden auditar ingreso de docentes
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS presentaron ayer una solicitud de auditoría a la Contraloría Departamental del Estado, sobre la modalidad de ingreso de los docentes extraordinarios a esa institución.
El gerente departamental de la Contraloría, David Barriga, dijo anteriormente que esta instancia puede auditar todo el manejo administrativo que realiza la universidad.
La primera auditoría señala que más de 300 docentes deben devolver al Estado más de 10 millones de bolivianos por haber recibido salarios elevados.
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