La destitución de la Universidad San Francisco Xavier es la sanción que recibió el docente y ex decano

Amedrentamiento? La destitución de la Universidad San Francisco Xavier es la sanción que recibió el docente y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Edwin Velásquez, por la supuesta omisión de presidir la Comisión Evaluadora de méritos de los postulantes a docencia. La ex autoridad afirma que el proceso es un acto de amedrentamiento pero en respuesta, el rector Eduardo Rivero remarcó que esas resoluciones corresponden a un proceso administrativo en el que las autoridades no participan.

La razón de la destitución tomada por una juez sumariante designada por el Consejo Universitario, es que Velásquez, partidario de la campaña de Jaime Barrón, supuestamente no habría presidido la Comisión; para él, la determinación no sólo sería drástica sino incongruente ya que él afirma que presidió esa instancia y que presentó toda la documentación necesaria para respaldar ese trabajo, aunque reiteró que no calificó méritos.

En 2013, el entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Edwin Velásquez, convocó a una Comisión Evaluadora de Méritos para calificar las postulaciones a docencia de esa unidad. La Comisión fue conformada por dos docentes titulares y dos estudiantes de último curso designados por el Consejo Facultativo.

Velásquez indicó que si bien presidió la Comisión, haciéndose cargo de entregar documentación, convocar a reuniones y otras labores, no procedió a calificar los méritos de los postulantes ya que al consultar a Asesoría Legal de la Universidad sobre quién debía conocer los recursos jerárquicos emergentes del proceso, le indicaron que debía ser el decano, por lo que él no podía convertirse en juez y parte de ese proceso.

Velásquez afirma que no sólo no existe una norma que indique las labores que debe cumplir el presidente de esa Comisión, es decir si era o no su obligación la de calificar los méritos, sino que tampoco hay una norma que indique que se le deba sancionar por no hacerlo ni con qué tipos de sanciones, denotando vacío legal en el proceso que se lleva a cabo en su contra.

¿REGULARES O IRREGULARES?
Otro detalle de la denuncia de Velásquez de ser víctima de una supuesta “venganza” es que, según él, todas las unidades facultativas proceden de la misma manera que él, es decir que los decanos no calificaron los expedientes de los postulantes para evitar ser observados al conocer recursos jerárquicos de los que se consideren afectados por las decisiones de la Comisión Calificadora.

AUDITORÍA OBSERVA FALENCIAS EN NORMATIVA
Una de las recomendaciones de una auditoría interna de la Universidad recomendó que no se realice ningún proceso de Convocatoria a Concurso de Méritos y/u Oposición en ninguna de las facultades y carreras que forman parte de la Universidad mientras el reglamento de la docencia universitaria no sea actualizado o modificado; además de la elaboración, aprobación y difusión del Manual de Procedimientos que guíe esos actos.

Además, esa auditoría interna precisó que es necesario que se establezcan sanciones en el reglamento de docencia universitaria ante eventuales incumplimientos por la no participación de decanos o directores.

Actualmente, según algunas fuentes cercanas a la Universidad, varios docentes y estudiantes disidentes estarían siendo procesados incluso en la Fiscalía por distintas razones como forma de “persecución” en su contra.

RESULTADO DE UN PROCESO
Consultado, el rector de la Universidad, Eduardo Rivero, afirmó que cualquier sanción es resultado de un proceso administrativo y que Velásquez debe defenderse ante esa instancia y presentar los descargos correspondientes.

Como respuesta a un supuesto amedrentamiento, Rivero reiteró que las decisiones sobre el sometimiento a procesos se toman en cogobierno y que como autoridades ellos no tienen relación alguna en la investigación que se ejecuta.

Asimismo, indicó que la juez sumariante que conoce el caso también es designada por el Consejo Universitario tras la consulta sobre observaciones que Velásquez hizo a la juez que es funcionaria administrativa, además de docente a contrato y por lo tanto, podría estar condicionada en su actuar al ser dependiente de las autoridades rectorales, además, de que no es la jefa de Asesoría Legal, cualidad que según él, sería obligatoria para ser juez sumariante.