Universidades públicas dan luz verde al fondo petrolero

Tras un acuerdo firmado con el Legislativo, YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, las universidades determinaron apoyar el proyecto de Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, que determina la creación de un fondo petrolero con recursos del IDH.

La información se dio a conocer en una conferencia de prensa conjunta de las mencionadas instituciones en el Senado. El secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Gustavo Rojas, dijo que el Legislativo y el Ministerio de Hidrocarburos atendieron la solicitud y propuestas de las universidades para que se garantice el retorno de los aportes y las ganancias que se generen en el fondo de incentivos.

Además de garantizar los recursos, la Cámara de Diputados ya incluyó en la ley un parágrafo en el artículo 13, en el que establece que a la finalización de la aplicación de los incentivos, los saldos remanentes del fondo también serán distribuidos entre los beneficiarios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“Nos sentimos satisfechos, porque el Legislativo tuvo la deferencia de atender la solicitud de las universidades, de la misma manera al Órgano Ejecutivo, con las autoridades de Hidrocarburos que hemos estado en varias reuniones. Agradezco a nombre de la universidad boliviana que hayan permitido estas reuniones, clarificar y consensuar, por lo menos con las universidades, un proyecto de ley, y que no exista mayores dificultades para su aprobación definitiva”, mencionó el ejecutivo del CEUB.

El 17 de noviembre, La Razón publicó que las universidades públicas plantearon al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que se garantice el retorno y réditos de los aportes al fondo de incentivos petroleros, creado a través de la Ley 319.

Ayer, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que se incorporó un parágrafo y una aclaración en el artículo 12, y se incluyó otro parágrafo también en el artículo 13 del proyecto de ley.

CAMBIOS. “En el artículo 12 se clarifica que aquellas entidades, como las autónomas territoriales y las universidades, son las beneficiarias de la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de donde salen los recursos para el fondo de incentivos”, manifestó la asambleísta.

Detalló que en dicho artículo se incluyó un parágrafo que establece que los ingresos obtenidos por la aplicación de la norma serán distribuidos entre todos los beneficiarios del IDH, como las universidades, las gobernaciones, alcaldías y otros.

El 21 de noviembre, La Razón publicó que tras las observaciones realizadas a la Ley 319 por la Gobernación de Tarija y las universidades públicas, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara Baja incluyó en el artículo 12 de la norma un parágrafo en el que se especifica que los ingresos a obtenerse en el fondo petrolero serán distribuidos “entre los beneficiarios”.

La titular de la Cámara Baja acotó que a petición del CEUB se acordó además la instalación de una mesa de trabajo en la que esta institución y el Órgano Ejecutivo estudiarán la ampliación del uso de los recursos del IDH para otras áreas como investigación e innovación tecnológica.

Tratamiento en detalle de la norma

Proceso

La madrugada del 12 de noviembre, la Cámara Baja aprobó en su estación en grande el proyecto de Ley 319 y, a partir del acuerdo de ayer, las autoridades del Legislativo anunciaron que en los próximos días se hará el análisis en detalle.

La institucionalidad cruceña rechaza la ley

La institucionalidad cruceña, agrupada en el Comité Cívico, asambleístas de oposición y la Gobernación, expresaron ayer rechazo al proyecto de Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera. Calificaron la norma de “confiscatoria” de los recursos del IDH.

“Rechazamos de manera unánime la confiscación de recursos que quieren hacer a través de la ley de incentivo a la exploración de hidrocarburos”, se lee en el documento entregado a los medios de comunicación.

Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, indicó que “es absurdo que quienes manejan casi el 90% de los recursos de todo el país recorten recursos a las gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas para financiar lo que YPFB tenía que haber invertido estos 10 años”. El senador de Unidad Demócrata Óscar Ortiz dijo que el rechazo a la norma se mantendrá en la Asamblea y exhortó a sus colegas a “que actúen en consecuencia con los derechos de la gente” para asegurar que “los recursos sigan llegando para las necesidades del pueblo en salud y educación”.