Un llamado telefónico, hecho anoche alrededor de las 19:40 por la rectora interina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Mercedes Albornoz, puso fin a una jornada marcada por el conflicto institucional entre dicha casa universitaria y el Comité Organizador de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 (Codesur) debido a la Villa deportiva.
Albornoz se comunicó con el director de los Juegos, José Luis Zelada, y le aseguró que firmará el lunes la minuta para transferir los terrenos en los que se construirá la ciudadela, en la zona de la Tamborada (13 hectáreas).
“Hubo falla en la coordinación. El lunes resolveremos el tema. Tomé conocimiento de la Ley y se dará viabilidad”, informó la Rectora, frenando así la advertencia de Zelada, quien al mediodía había sostenido que Codesur analizaba la posibilidad de iniciar un juicio penal en contra de Albornoz por aparente “omisión y retardo en el cumplimiento de sus deberes públicos”.
La Ley 2868, emitida el 1 de octubre de 2004, “autoriza a la UMSS” a ceder una parte de los predios a la Gobernación para consolidar el complejo. Bajo esa norma, Codesur exige que el trámite no se dilate.
“Es bueno que haya llamado. Le agradecí que se comunicara y que se comprometiera formalmente. Ojalá se consolide”, reconoció el Director de los Juegos, quien también fungió como asesor legal del Ministerio de Deportes.
CONSEJO SUSPENDIDO La advertencia de Zelada se dio luego de que la Rectora suspendiera la sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Uno de los puntos a tratarse era el de la cesión del terreno, pero ello no tuvo curso ayer debido a disturbios en torno a la reunión.
Al respecto, el vicerrector Marcial Fernández también transmitió calma: “Eso ya es sin retorno. Ahí se haría la Villa”.
Hasta el mediodía, la figura era distinta. El mandamás de Codesur había levantado la bandera roja, apuntando hacia la Rectora interina. Incluso mencionó que, en caso de que el país perdiera la sede de los Juegos, la inversión parcial que hicieron las instituciones gubernamentales sería cuantificada y ello significaría un “perjuicio patrimonial al Estado”.
“El Código Penal dice que el incumplimiento de deberes sanciona al servidor público que omite o retarda un acto de sus funciones. Refiere que la sanción se agrava en un tercio si ello causa un daño económico al Estado”.
Codesur y la UMSS se dan una tregua después de una semana en la que el ministro de Deportes, Tito Montaño, había instado a la universidad a acelerar el proceso de inmediato.
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