En cuatro días de toma la UAJMS perdió Bs 800.000

El cierre del campus de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) en cuatro días ocasionó una pérdida de 800.000 bolivianos aproximadamente.

Los intentos de diálogo no se concretaron a pesar que las partes en conflicto dicen estar predispuestas. A esto se suma el perjuicio académico y el incumplimiento de convenios externos que tienen los laboratorios de la institución.
La demanda de un grupo de estudiantes, que aglutina unas 150 personas presentes en la medida, es que se suspenda el Honorable Consejo Universitario Ampliado (HCUA), donde se trata la aprobación del nuevo Estatuto Orgánico.
La vocera del grupo de manifestantes, Esther Becerra, espera que la población entienda que su único pedido es que el Consejo quede en estatus quo hasta que exista la legalidad y legitimidad de todos sus representantes de base, que sea conforme a la normativa universitaria estudiantil.
El dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Roberto León, dijo que no se puede hablar de ilegalidad, pues sustentó que un amparo ratificó su mandato por tres años. Por otro lado, los consejeros de las facultades fueron elegidos mediante planchas y los de base también fueron elegidos sin ninguna irregularidad y no fueron puestos a dedo.
El rector interino de la UAJMS, Javier Blades, indicó que la estatal pierde 200.000 bolivianos por día. Pero no es sólo eso. El laboratorio de análisis clínico no puede cumplir su acuerdo con el Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat), pues los funcionarios se ven impedidos de ingresar a sus fuentes laborales.
También está el Centro de Análisis Investigación y Desarrollo (Ceanid), que es el único acreditado y tiene compromisos con instituciones. Además es el único que hace análisis bromatológicos en Tarija, pero sus trabajadores no pueden entrar a trabajar.
Según Becerra, sus compañeros en movilización están dispuestos a dialogar y dar solución a ese conflicto. Sin embargo, no asistieron a una convocatoria donde el Defensor del Pueblo se brindó como mediador.
El argumento de la dirigente de la movilización fue que la funcionaria que recibió la carta de diálogo les dijo que el Defensor del Pueblo estaba ocupado. Al ver esa situación, los estudiantes decidieron hacerlo otro día. Pero que además no hubo una respuesta del Rector.
Bladés explicó que acudió al llamado de diálogo, incluso la representante del Defensor del Pueblo llamó por teléfono a Becerra para que acuda a la convocatoria, pero al final no llegó nadie.
“Lo que nos extraña es que un grupo de estudiantes envió un carta al Defensor para decirles que no están de acuerdo con la toma y que quieren que se solucione el conflicto para pasar clases, pero resulta que este documento está firmado por los mismos universitarios que tienen cerrado el campus-sostuvo-. Eso es una falta de seriedad, hacerse la burla de las instituciones”.
Para el ejecutivo de la Federación Universitaria Docente (FUD), Efraín Torrejón, el Consejo Universitario Ampliado intentó en cuatro oportunidades ir al diálogo. Pero las declaraciones, hechas por los que están en la toma, a los medios de comunicación no están apegadas a la verdad.
Por eso pidieron a Bladés que se informe por todos los medios comunicación que el HCUA es un mandato del Honorable Consejo Universitario, conformado por docentes y estudiantes, para aprobar los artículos, ni siquiera por votación, sino por consenso. “Cuando hay algún punto conflictivo se va a un cuarto intermedio y se hacen los análisis necesarios para volver a explicar la viabilidad o no de los artículos que se ponen en cuestión”.
Becerra manifestó que si el pedido de los manifestantes no es escuchado, las medidas de presión se incrementarán. Mientras que Bladés señaló que no está en sus manos suspender el Consejo y llamar a elecciones, sino que es potestad de los consejeros.

HABRÁ ACCIONES PENALES CONTRA LA TOMA DE LA “U”

Javier Bladés
“Hemos agotado todas las instancias para buscar una solución mediante el diálogo, pero vemos que los estudiantes no depondrán su actitud. Entonces nos queda otra manera de ir por la vía legal, pasaremos todos los documentos al Asesoría Legal”.

Esther Becerra
“Lamentamos que el Rector tome esas decisiones. Ahí se demuestra la imposición, quieren aprobar un Estatuto en medio de una crisis. No sabemos cuál es su interés. Esperamos que tome conciencia, nosotros también queremos solucionar esto”.