Universidades con presupuesto asegurado

Las casas superiores de estudios tienen básicamente tres fuentes de financiamiento: la primera corresponde a la “coparticipación tributaria” que proviene de los impuestos (IVA, IUE, IT y otros), la segunda corresponde al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la tercera es la “subvención” por parte del Tesoro General de la Nación (TGN). Todas ellas en conjunto se conocen como “transferencias del TGN”.

Por los conceptos descritos, las universidades han recibido importantes recursos en los últimos años. En 2001 recibían Bs 726 millones, para 2005 el monto llegó a Bs 1.151 millones y en 2016 se incrementó a Bs 3.501 millones. Si se compara lo que recibieron el año pasado con 2005, se evidencia que los montos se multiplicaron por tres.

Esta triplicación de recursos se explica por el incremento de los recursos de coparticipación tributaria. En 2005, las universidades recibían por este concepto Bs 463 millones, para 2016 los mismos ascendieron a Bs 2.138 millones, lo que significa que sus ingresos se multiplicaron en 4,6 veces. Este crecimiento se explica por la implantación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que le dio un fuerte impulso a la demanda interna.

A julio de 2017, la tendencia descrita se mantiene. A dicho mes se tenían programadas transferencias de coparticipación tributaria por Bs 1.217 millones y las universidades recibieron Bs 1.360 millones, es decir un 12% por encima de lo programado.

En cuanto a la subvención del TGN, en 2005 recibían Bs 605 millones y para 2016 se llegó a Bs 993 millones, lo que significa un incremento de 64% en los últimos 11 años.

Sin embargo, la ejecución de los recursos señalados por parte de las universidades no ha sido alta. Entre 2011 y 2016 nunca se pasó del 70%. En 2015 fue de 68% y para 2016 llegó a 69%. Esta situación es más compleja en lo referido a la inversión pública: en 2014 se ejecutó el 47% del presupuesto y en los últimos dos años se llegó a 48%. Es decir, en los últimos cinco años no se pasó del 50% de la ejecución de esos recursos que son los que precisamente se destinan a infraestructura, laboratorios y equipamiento, entre otros.

Ingresos altos con una ejecución presupuestaria como la descrita han generado una acumulación de saldos de caja y bancos. En 2004, todas las universidades apenas tenían Bs 14,7 millones en sus cuentas fiscales; para 2014 subieron a Bs 2.419,6 millones y en 2016 se finalizó con Bs 1.684,4 millones. En este contexto, es llamativo que para agosto de 2017 los saldos en cuentas fiscales hayan ascendido a Bs 2.056,7 millones, monto que representa un incremento de 22% con relación al saldo de finales de 2016.

Es menester señalar que el comportamiento descrito no es similar para todas las universidades y realidades diferentes son las que caracterizan a las casas superiores de estudios. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) tiene saldos por Bs 605 millones, le sigue la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) con Bs 560,7 millones. En el otro extremo están la Universidad Amazónica de Pando con Bs 3,6 millones y la Universidad Autónoma del Beni que cuenta con Bs 5 millones a agosto de 2017.

Estas realidades distintas son las que precisamente han hecho que el tratamiento sea diferenciado, aspecto que se abordó en forma conjunta con las universidades y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). El trabajo permitió arribar a un preacuerdo en 2017, que atiende las necesidades de siete universidades de las 11 existentes en el país. Con la UMSA, UMSS, Universidad Pública de El Alto, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier, se hacen evaluaciones presupuestarias cuyos resultados se conocerán en breve.

Sin embargo, como es característica del trabajo realizado desde 2006, nuevamente las universidades contarán con los recursos necesarios para su funcionamiento.

En los últimos años, la relación entre el Gobierno y las universidades se caracterizó por el respeto a la autonomía y un trabajo institucional coordinado que permitió que estas instituciones cuenten con recursos suficientes para su funcionamiento y continuidad académica, aspecto que permite cumplir el mandato constitucional de financiar suficientemente a las universidades y ratifica el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con la educación.